A los turistas les fascinan el griterío y el regateo de los bazares del Medio Oriente. La palabra persa ‘bazar’ significa, etimológicamente, ‘el lugar de los precios’. Cualquier parecido con nuestro Congreso es pura coincidencia. Pero, lo que da colorido a un bazar oriental resulta lamentable en el órgano representativo de nuestra democracia.
Sesiones que deberían ser serias se convierten en un zaperoco. Y la negociación con cada congresista para que apoye una ley o una objeción a cambio de una partida presupuestal, un cargo o un articulito (el ‘precio’ de su voto) es lo opuesto de lo que debería suceder en una confrontación democrática de ideas y formación de consensos entre bancadas. El zoco legislativo produce así maniobras vergonzosas, como las promovidas por el Gobierno y el presidente del Senado durante la votación de las objeciones presidenciales. O leyes Frankenstein, como la de financiamiento y el Plan de Desarrollo.
La ley del plan debería contener solamente algunas reformas legales indispensables para ejecutar las prioridades del Gobierno. La propuesta de Duque no cumplía con este objetivo. Contenía 183 artículos sin una priorización clara. El número de artículos aumentó hasta 334 en la ponencia para plenarias, y en su accidentado camino se introdujeron orangutanes como la imposición de aranceles por ley, el traslado pensional exprés y la reducción del IVA a la gasolina, además de la maloliente manada de micos menores.
El primer orangután desinstitucionalizaría el manejo del comercio exterior, contraviniendo el ‘Pacto por la legalidad’. El Gobierno anunció que lo demandará por inconstitucional. Los otros dos atentaban contra la sostenibilidad fiscal e iban en contravía del ‘Pacto por la equidad’. Ante las críticas que suscitó el del traslado pensional exprés, el Gobierno le retiró al final su apoyo, y no fue aprobado. Pero resulta difícil entender por qué había avalado este simio mayor que contradecía los pilares de su propio plan y podría haber acarreado la pérdida del grado de inversión.
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Algunos analistas y políticos sostienen que el fracaso o la deformación de las iniciativas legislativas de Duque (la reforma de la justicia, los proyectos anticorrupción, la ley de financiamiento y la ley del plan) han sido consecuencia de no repartir ‘mermelada’ a raudos. Aunque esta puede ser parte de la explicación, no se justificaría seguir prostituyendo el Congreso.
Otros han sugerido que, sin caer en una repartija indigesta de edulcorantes, Duque debería ampliar la coalición de gobierno, otorgando representación en el Ejecutivo a otros partidos adicionales al Centro Democrático y el conservatismo, para así tener mayorías en el Congreso que actúen como aplanadoras. Antes de presentar las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, los candidatos a entrar eran Cambio Radical, el Partido Liberal y ‘la U’. Y podrían volver a serlo si las objeciones se caen en la consulta elevada ante la Corte o en su posterior revisión.
Esta solución podría funcionar bien si Duque escoge personas competentes de esas colectividades y ellas se alinean con las prioridades de su gobierno (que ojalá se definan mejor). Pero sería tan mala como la de la ‘mermelada’ si permite que los seleccionen Vargas Lleras, Gaviria y el trío Iragorri-Roy-Benedetti, o un cónclave de esas agrupaciones políticas, porque después, no todo el equipo gubernamental remaría en la misma dirección.
El país ha tenido ambos tipos de experiencia, y los resultados están a la vista. Aún durante el Frente Nacional, las istraciones Lleras Restrepo y López Michelsen fueron buenos ejemplos del primer modelo. Y las de Juan Manuel Santos, una muestra de cómo el segundo lleva a la falta de coordinación interna, al conflicto permanente entre dependencias y al desgobierno.
GUILLERMO PERRY