Micro-despilfarros

Los 24 contratos de la esposa de Andrés Mayorquín, un asesor de la jefe de gabinete María Paula Correa, han tratado de ser presentados como un caso de macrocorrupción. La realidad es que por la suma en juego y las transacciones de poder involucradas es el caso micro de un funcionario que quiso pasarse de audaz por el hecho de estar en el Palacio de Nariño. El monto de recursos involucrados no llega ni siquiera al medio millón de dólares. Si se compara con casos como Odebrecht, Dragacol, Centros Poblados, etc., verdadera macrocorrupción, es irrelevante.

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Pero si no se mira como un episodio único, sino como una muestra de la enorme cantidad de pequeños contratos que ocurren en las distintas instancias del Estado, a todos los niveles, la suma de micro-despilfarros es abrumadora. Hay buenas razones, además, para pensar que una parte considerable de la contratación de servicios personales por el estado está dada por razones de parentesco, amistad, retribución a activistas de las campañas, a partidarios que necesitan un ingreso, etc. Es más, en muchos casos quienes lo hacen no lo asumen como un acto de corrupción. Se acepta simplemente como el favoritismo normal a la hora de contratar servicios de asesores, consultores, gestores y funcionarios que se necesitan para adelantar las tareas de gobierno.

El comienzo de los micro-despilfarros está en convocatorias que se hacen a la medida de quien se quiere contratar, sin considerar los méritos. Lo que supone una pérdida de recursos entre la gestión potencial de consultores o funcionarios capacitados y los elegidos por las cercanías políticas. Aunque, también es cierto que de estos cargos y consultorías se espera mucha confianza para adelantar la agenda particular de los gobernantes y funcionarios, algo que no necesariamente garantizan los nombramientos por exclusivo méritos.

A este despilfarro se suma otro más grande cuando quien es nombrado o contratado no tiene ninguna intención de hacer el trabajo. Solo está allí por algún tipo de favor o retribución que no exige cumplir con las tareas asignadas. No pocas veces el favor y la retribución se corresponde con un porcentaje de la paga. Es difícil para los órganos de control detectar comportamientos así por su frecuencia. Es más, en los órganos de control también abundan nombramientos y contratos de esta naturaleza.

Otras veces no hay mala intención. Se crean cargos y consultorías que poco efecto tienen en la gestión pública. Se contrata gente muy capacitada, solo que al final la plata se desperdicia porque las ideas nunca son llevadas a la práctica o no encuentran ecos en los escenarios donde se discuten la implementación de políticas públicas. La tarea se hizo pero la suma de los micro-despilfarros va aumentando.

Lo de la esposa de Mayorquín es un nivel más infame y superior en monto de estos despilfarros. Es la explotación sistemática de las facultades de un funcionario con cierto poder por ocupar determinado cargo que les exige a otras agencias de gobierno, que se benefician de decisiones de su cargo, contratar a alguien en particular. Hay indicios de que podría ser un chantaje o un cohecho en que los contratos poco influyen en un mejor funcionamiento del Estado y en que la probabilidad de que se cumplan en la práctica es muy baja por la calidad del contratista.

El boquete de despilfarro por pequeñas contrataciones de personal probablemente es más grande de lo que se cree. Ocurre sin percibirlo por su tamaño micro y su frecuencia. Y lo más preocupante, no pareciera haber alguna iniciativa para perfilar desde las bases de datos de la contratación pública los potenciales despilfarros en las contrataciones de personal, de modo que el dinero que se recupere compense los costos de la intervención de los órganos de control en los micro-casos.

GUSTAVO DUNCAN