Sobre los hombros

Finalmente, el Gobierno instaló la mesa de negociación con el Eln. Muchos analistas son escépticos con la idea de hacer acuerdos de paz con grupos armados que al día de hoy no disponen de la legitimidad ni la fortaleza militar de hace unas décadas. Tienen razón en varios puntos. La vigencia política del Eln se ha visto deteriorada por la obsolescencia misma de sus principios. Muchas de sus ideas pertenecen al mundo de la Guerra Fría, y las que se han actualizado al contexto de la nueva izquierda de la globalización no encuentran justificación moral para ser impuestas por medios violentos. Lo que se refleja en el pobre respaldo popular del que dispone el Eln a nivel nacional.

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Las limitaciones ideológicas reflejan, a su vez, las limitaciones militares. Hay quienes reclaman que el Eln no ha sido vencido en combate. Sin embargo, hay una derrota estratégica evidente en lo militar: el Eln renunció a la guerra revolucionaria. Actualmente no es una guerrilla organizada como un ejército revolucionario que aspire a vencer a las Fuerzas Armadas del Estado e instalar un nuevo proyecto político nacional. Su propósito militar es el control de ciertas regiones estratégicas por la historia de la organización y por el control de determinados recursos, especialmente narcotráfico y minería ilegal. Tanto así que las principales guerras que tiene el Eln son con otras organizaciones armadas, como el frente X, en Arauca, y el ‘clan del Golfo’, en Chocó. No con el Estado.

En ese orden de ideas, el proceso de paz con el Eln pasa no solo por la iniciativa del alto comisionado de Paz y su grupo negociador, sino que reposa sobre los hombros del sector de la defensa. Para que la paz con el Eln sea posible son necesarias dos condiciones de seguridad.

La primera es que el Estado demuestre suficiente capacidad disuasiva para obligar al Eln a que se comprometa con el acuerdo de paz. Por lo general, los grupos armados que entran en una negociación saben que el proceso es su principal tarima para hacer política. Las Auc y las Farc estuvieron en el centro del debate nacional hasta el día que se desmovilizaron. En adelante, su incidencia en la política se redujo a mínimos. Los grupos armados saben, en consecuencia, que dilatar los procesos constituyen de por sí ganancias políticas.

El Estado se encuentra obligado entonces a demostrarle al Eln que la dilación del proceso tiene un límite razonable y que, si en un momento dado el compromiso con finalizar el acuerdo no es real, existe una opción militar creíble que lleve a un deterioro la capacidad de control territorial y de de recursos por la guerrilla. El Gobierno no puede jugar a la carta de que la negociación como única alternativa. Puede haber simpatías ideológicas con el Eln, como dijo uno de los negociadores, pero en política siempre hay diferencias, sobre todo cuando se trata de distribuir el poder. Solo hay que imaginar que el Eln se pare en la raya de concesiones políticas que el Gobierno encuentra inviables como una constituyente.

La segunda condición es que el proceso exige una situación mínima de seguridad en las zonas de control del Eln para llevar a cabo los procesos de desescalamiento de la violencia y el eventual cese del fuego. Si no se neutralizan los otros grupos armados que ambicionan los territorios y recursos del Eln es muy difícil ofrecer la situación mínima de seguridad. El sector de la defensa debe preparase entonces para disuadir a los grupos que se rehúsen a hacer parte del proyecto de paz total y pretendan sabotear con sus acciones las dinámicas de pacificación en las regiones donde se desmovilice el Eln y eventualmente los demás grupos armados.

El Gobierno no puede olvidar que las iniciativas audaces de diálogos para alcanzar la paz total se sostienen sobre los hombros del sector de la defensa.

GUSTAVO DUNCAN