Decido opinar públicamente sobre el duro debate del aborto en Colombia, a pesar de su complejidad y de la existente polarización acerca del tema. Para mí es difícil no escribir sobre el tema principalmente ahora que la Corte Constitucional está a punto de tomar la decisión de despenalizar o no esta práctica en el país. Aprovecho y hablo por ser mujer, psicóloga, por vivir en uno de los países europeos que aprueban el aborto, pero, sobre todo, por haber tenido en algunas ocasiones la posibilidad de ayudar desde el ámbito de la psicología a niñas y adolescentes colombianas con y sin discapacidades, que han sido víctimas de violencia sexual y que han decidido interrumpir su embarazo. Hablo por esas y por muchas otras mujeres que no tienen el mismo privilegio que yo tengo de escribir y expresar mi opinión públicamente.
En Colombia se ha legislado acerca del aborto y existen algunas causales que permiten realizar el procedimiento si se trata de salvar la vida de la mujer, proteger su salud mental o física, o en casos de violación, incesto o malformación fatal del feto. Sin embargo, existen informes como, por ejemplo, el del Instituto Guttmacher, organización internacional que apoya el derecho al aborto, donde se indica que en el año 2008 se efectuaron 400.000 abortos en Colombia. Según este informe solo 322 se hicieron dentro del sistema legal. Lo preocupante es que otros reportes más actualizados siguen indicando una incidencia alta de aborto en el país.
Indudablemente, estas estadísticas muestran cómo muchas mujeres recurren a procedimientos clandestinos que no siguen los protocolos médicos y que ponen en riesgo sus vidas. El 33 por ciento de ellas sufren complicaciones que requieren atención médica. Adicional a estas cifras, reporta el Instituto Guttmacher, la tasa de complicaciones alcanza a ser del 53 por ciento en las mujeres pobres que viven en zonas rurales, escenario que evidencia la enorme desigualdad socioeconómica y geográfica existente en el país.
Es importante que el derecho de tomar la decisión de abortar o no se pueda ver como un eslabón esencial para la igualdad de condiciones y el respeto a los derechos de las mujeres.
Así pues, los riesgos que las mujeres corren al practicarse un aborto clandestino no pueden pasar desapercibidos en este debate nacional. Lo que si no debería ganar mucho espacio son las posturas moralistas, porque por encima de todo debe verse la situación del aborto ilegal como un problema de salud pública.
En Colombia son muchas las niñas y adolescentes, algunas inclusive con diversas discapacidades, en zonas rurales o urbanas, que en su gran mayoría son víctimas de violencia sexual y que se ven obligadas a llevar el embarazo no deseado y volverse madres. Estas mismas mujeres se sienten en muchas ocasiones señaladas, estigmatizadas y rechazadas o sus familiares o por el entorno social al que pertenecen.
Así mismo, es importante resaltar que cuando se trata de aborto, uno de los aspectos que tienen un impacto negativo alto en términos psicológicos es el estigma, el cual es definido por muchos investigadores como una construcción social basada en los estereotipos culturales que existen en toda sociedad. Al leer a la escritora argentina Nina Zamberlin es fácil entender cómo el peso social reflejado en el estigma recae sobre quienes se desvían de las normas y expectativas culturales dominantes. En el imaginario de muchas personas, la mujer que aborta es: pecadora, promiscua, sucia, egoísta, irresponsable, descorazonada y asesina (Nina Zamberlin), atribuciones extremadamente fuertes, que además se acentúan con las políticas que restringen y criminalizan el aborto. Todo esto crea en muchas mujeres huellas psicológicas profundas, que se manifiestan en trauma, estrés, depresión, cuadros de ansiedad y, en muchos casos, el suicidio.
Desafortunadamente, a raíz de las frecuentes barreras innecesarias para tener un aborto legal, muchas mujeres recurren a procedimientos clandestinos, pero lo hacen porque no encuentran otra solución, porque tienen miedo o vergüenza, y lo cierto es que muchas lo seguirán haciendo a escondidas, en silencio y nadie las va a parar, así como tampoco se podrán parar fácilmente las consecuencias fatales a las que conllevan los malos procedimientos a los que estas mujeres se someten.
Por estas razones vale la pena pensar que no se trata de decidir si el aborto es un delito o no y, por consiguiente, judicializar o no a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Considero que a la par de este debate es igual de importante no ignorar la realidad que estas niñas y jovencitas viven. A ellas cada vez más las pierde el sistema de salud, y lamentablemente se vuelven carnada fácil de personas con falta de ética profesional, que aunque saben que al realizar esos procedimientos clandestinos no cuentan con los protocolos sanitarios que aseguren una intervención segura y digna, los llevan a cabo irresponsablemente.
Desconocer los aspectos anteriormente mencionados no ayuda en nada a mejorar la condición de las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado; por el contrario, crea barreras y dificultades que en el peor de los casos dejan consecuencias fatales: la muerte.
Así pues, es importante que el derecho de tomar la decisión de abortar o no se pueda ver como un eslabón esencial para la igualdad de condiciones y el respeto a los derechos de las mujeres. Eperemos que la Corte Constitucional no solamente siga considerando legal el aborto en el marco de las causales existentes, sino que lo vea como un derecho a la salud y la vida de las mujeres.
HAIDY SÁNCHEZ MATTSSON