Inscripciones y candidaturas

Terminada la etapa de proposición ante las Cortes de candidaturas a la Procuraduría, la lista inicial acabó empobrecida con varias adiciones, particularmente en la Corte Suprema, que, por desconocida razón, atrajo el peor lote. En ella se inscribieron, p. ej., el magistrado que acompañó a la dama de los algoritmos en la perfumada contratación fiscal prodigada por un funcionario a quien el primero, meses atrás, había contribuido a hacer ‘justicia’ en sorprendente fallo; también, un antiguo defensor de todos nosotros, cuyas ejecutorias en variados oficios no son tan del dominio público como su propia topografía; igualmente, un exprocurador delegado, merodeador de la Sección Quinta, cuyo desempeño dejó “... dudas aún no resueltas”, según el inusual eufemismo de Ramiro Bejarano. Y así...

No todos los inscritos encuadran en ese perfil, claro está. También concurren una exigua representación de postulantes que no escandalizan y muchos otros que simplemente aprovecharon la convocatoria para presentarse en sociedad, renunciando a la extrema discreción y celo con que hasta ahora nos guardaron el secreto de su existencia.

En una sociedad cuyo problema más visible y angustioso es la corrupción que campea en todos los escenarios, el Procurador General de la Nación debiera ser la autoridad que más importara a los ciudadanos. No obstante, el complejo proceso de elección avanza en medio de una pasmosa incuria colectiva, menos comprensible si se tiene en cuenta que se trata de un magistrado cuya altura institucional apenas cede a la de aquel a quien las leyes explícitamente señalan como el primero, dicho sea a riesgo de lastimar con la noticia la vanidad infantil y las fantasías de algún megalómano despalomado.

La Procuraduría General no es un empleo más del organigrama superior del Estado; es, más bien, un ‘destino’, según el sentido que la Constitución otorgaba a ese vocablo cuando su texto consultaba el buen y exacto decir. Por eso, la operación de escoger su titular no se cumple escarbando hojas de vida en persecución de alguna nimiedad que justifique considerar prevalente la indigencia de un candidato sobre la de sus competidores. La tarea, bien distinta, es la de escrutar biografías, vidas, en pos de identificar aquella personalidad que es desigual entre todas por las calidades que la singularizan y por los rasgos morales y la entereza de carácter que inequívocamente indican que es apta para soportar un desempeño funcional que se sabe arduo y áspero.

Las funciones que se le encargan configuran una misión en el más riguroso sentido de cruzada. De ahí que, a su respecto, lo determinante no son los ‘requisitos’ que le demandan las leyes, y sí las ‘calidades’ que haya demostrado a lo largo de su trayectoria en la escena social.

A una autoridad como esa repugna la vinculación en activo a parcialidades políticas. El Procurador lo es de la Nación. Tratar su investidura como propiedad de una bandería que la obtuvo como botín en las batallas partidistas es derogar su misión. No implica esto el deber de eximirse de particularismos ideológicos, pero sí que a esa cima no se pueda acceder como personero de fracción ni como emisario de un espíritu de partido en pugna con los restantes conjuntos de ciudadanos.

Es imperativo velar por que se mantenga en todo momento la higiene en el proceso de selección de la terna, protegiéndolo de cualquier interferencia, influjo o seducción provenientes de otros órganos del poder, para los que esa conducta es ilícita. Las cortes no carecen de capacidad para equivocarse siguiendo su exclusivo impulso, de modo que no necesitan para eso al Fiscal ni al Contralor, mientras que si las dejan operar en libertad, se elevarían considerablemente las posibilidades de que el patriotismo y el rigor profesional guíen a los togados a descubrir las opciones respetables, escondidas, pese a todo en la “mezquina nómina” que ha sido puesta ante sus ojos y sus conciencias.

Hernando Yepes Arcila