Autonomía universitaria y seguridad

La semana pasada, en los disturbios en la Universidad Nacional dos policías fueron heridos, uno tiene pronóstico reservado, mientras que el otro presenta lesiones en una mano. Es de anotar que cuando suceden estos hechos se generan una serie de reacciones que se dirigen a atender la coyuntura y no a comprender la complejidad de los problemas de violencia y delincuencia que suceden en algunas universidades públicas, en donde hay presencia y accionar de grupos armados ilegales, y que se agravan con la comercialización de drogas, actividades fuertemente relacionadas.

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Para comenzar, es necesario reconocer que estos problemas son ajenos al quehacer y funciones de las universidades, que seguramente involucran a unos muy pocos de la comunidad universitaria, que las directivas no cuentan con instrumentos suficientes para controlar estos grupos y la venta de droga y que no existe la coordinación debida de las universidades con las autoridades de seguridad y justicia.

Frente a estos hechos de violencia y delincuencia, las posiciones se mueven entre los que consideran que la Policía debe ingresar al campus universitario para detener y juzgar a los responsables y otros que consideran que no se debe hacer porque se atentaría contra la autonomía universitaria, que se confunde con extraterritorialidad. Estos problemas no se solucionan con el ingreso apresurado y desmedido de la Fuerza Pública a los campus universitarios, ni tampoco aceptando la consideración equivocada de “extraterritorialidad”, donde las autoridades de seguridad y justicia no pueden actuar. Dos extremos que paralizan a las autoridades y dejan a los estudiantes, profesores, directivos, visitantes y vecinos a merced de los delincuentes y violentos.

Sin afectar la autonomía universitaria, sin criminalizar la protesta social y con el fin de garantizar la convivencia y la seguridad en las universidades, es urgente que el Gobierno Nacional, la Alcaldía y las directivas de la Universidad Nacional se reúnan para definir un plan de seguridad y convivencia para la universidad y su entorno, que se ejecute en el marco del Estado de derecho, es decir, respetando los derechos humanos, y que esté bajo el escrutinio de los organismos de control. Esto mismo se debe hacer con las demás universidades públicas donde de manera recurrente se presentan los mismos hechos.

Por otro lado, existen experiencias que hay que mirar para aprender, como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), donde conviven a diario más de 300.000 personas, entre docentes, istrativos, estudiantes y visitantes. La Unam, a través de la Dirección General de Servicios Generales, atiende la seguridad de los ciudadanos y del claustro universitario las 24 horas del día, los 365 días del año.

Para desarrollar esta tarea se cuenta con una Central de Atención de Emergencias y Seguridad enlazada con vigilancia, bomberos, urgencias del Centro Médico Universitario, unidad de apoyo jurídico, así como con las agencias policiales y del Ministerio Público especializadas para la atención de la comunidad universitaria.

Esto y muchos elementos más, que garantizan la convivencia y la seguridad en la Unam, son dirigidos por un sociólogo y un grupo de profesionales expertos en estos temas que trabajan en coordinación con las autoridades de Ciudad de México, la policía de la ciudad y las federales y el Ministerio Público.

Es posible avanzar en esta línea si existe voluntad de las partes involucradas y responsables de garantizar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio de la ciudad, incluido el campus universitario.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ