¿Qué tan total debe ser la paz propuesta?

La paz total del presidente Gustavo Petro involucra no solo al Eln, como grupo guerrillero, sino que apunta a desmovilizar las distintas bandas criminales que están actuando en el país para reducir los hechos de violencia y delincuencia que afectan la seguridad del Estado, de los ciudadanos y la convivencia.

Con este objetivo, primero, la paz total no se debe limitar a la desmovilización, entrega de armas, reconocimiento de los actos criminales y violentos cometidos, pedir perdón y a no seguir delinquiendo; deben entregar los recursos para reparar a las víctimas e información sobre toda la cadena productiva de cada una de las rentas criminales y los actores individuales e institucionales, públicos y privados que participan en las actividades del narcotráfico, minería ilegal, explotación de recursos naturales, contrabando, trata de personas, comercio de armas, extorsión, entre otras. Se debe apuntar a acabar con las rentas criminales. De lo contrario, se van a desmovilizar algunos grupos, incluido el Eln, pero mientras los negocios sigan ahí con la alta rentabilidad que tienen, habrá otros grupos y personas que los van a seguir explotando de manera violenta.

Segundo, para saber con qué organizaciones proceden el diálogo, el acogimiento o el sometimiento, hay que caracterizar e identificar de manera realista todas las organizaciones criminales que actualmente están actuando en el país. Hoy solo queda un grupo guerrillero con orientación política y es el Eln, que en los últimos años se ha dedicado casi que exclusivamente a disputar y hacer uso de las distintas rentas criminales, especialmente del narcotráfico. Los demás grupos son organizaciones criminales sin ninguna ideología política, dedicados especialmente al narcotráfico. Hoy no se tiene en el país grupos paramilitares como se conocieron a finales del siglo pasado y comienzos del presente, lo que existe son organizaciones de delincuencia organizada, sin ninguna orientación política o reivindicación social.

Esta caracterización debe ser sobre la totalidad de las bandas y grupos criminales que actúan en el país, porque seguramente muchos grupos y personas van a continuar con sus actividades ilegales, porque no les va a interesar lo que ofrece el Gobierno y porque ellos y sus familias no han acumulado tanta riqueza como quisieran. El Estado debe contar con información cierta si de verdad quiere desmovilizar los distintos grupos y quiere enfrentar, en el marco del Estado de derecho, a los que van a seguir delinquiendo y usufructuando las distintas rentas criminales.

Tercero, las propuestas que se presenten para lograr la paz total deben ser el resultado del trabajo conjunto de una serie de instituciones del Estado. Deben estar, además del Comisionado de Paz, la Cancillería y el Congreso, los ministerios del Interior, Justicia, Defensa, la Fiscalía y algunas instituciones de la Rama Judicial. Del afán no quedan sino problemas.

Cuarto, todo esto también pasa por los diálogos y acuerdos que se tengan con el Gobierno de EE. UU., que tiene un alto componente de seguridad, como quedó evidenciado con los delegados de ese país que se reunieron con el presidente Gustavo Petro. Todos eran funcionarios de seguridad nacional, seguramente interesados en conocer las estrategias del nuevo gobierno en materia de lucha en contra del narcotráfico. Hasta que el Gobierno de EE. UU. no tenga claros los temas de seguridad, no va a nombrar embajador en propiedad.

Quinto y último punto, hay que tener en cuenta que Colombia es el principal productor de cocaína y desde hace algunos años las mafias transnacionales tienen presencia y negocios en nuestro territorio y en la región, lo que también supone tener una estrategia de seguridad y justicia transnacional. Aquí sí no caben diálogos. El país no se puede equivocar en diálogos con criminales sin compromisos ciertos, públicos y verificables.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

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