Sobreviviendo en menos de un metro cuadrado

Esta es la situación de 23.000 personas privadas de la libertad en estaciones de policía y en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) del país. Hombres y mujeres que desde hace meses viven las 24 horas del día en menos de un metro cuadrado y a quienes se les violan todos sus derechos humanos, sin que exista una solución en menos de dos años.

Un grave problema que afecta no solo a estas personas y sus familias, sino a todos los ciudadanos, que ven cómo la inseguridad aumenta porque ya no hay espacios para recluir a más delincuentes, ni se están haciendo los esfuerzos nacionales y locales para crear nuevos cupos o mejorar los existentes, salvo Medellín, que desde 2018 tiene un proyecto para construir una nueva cárcel por alianza público-privada.

El Ministerio de Justicia considera que hoy el sistema carcelario y penitenciario tiene un hacinamiento del 21 %, desconociendo estos 23.000 detenidos, que sumados a los que se encuentran en cárceles nacionales representan un hacinamiento real del 50 %. Frente a esta situación, las soluciones hasta ahora ordenadas y propuestas son elementos normativos y carecen de los soportes económicos importantes que se requieren para hacerlos efectivos.

La Corte Constitucional extendió la declaración del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario a las URI y estaciones hacinadas y ordenó un plan de acción en dos fases: una transitoria y otra definitiva. En la primera, las alcaldías que tienen bajo su jurisdicción las URI y estaciones hacinadas tienen un (1) año para construir o adecuar inmuebles con condiciones adecuadas para recluir temporalmente a las personas que no han sido trasladadas a una cárcel. El plazo que dio la Corte se vence este mes de marzo. Con relación a las medidas definitivas ordenó que, en 6 años, todas las entidades territoriales, especialmente los departamentos, el Distrito Capital y capitales de departamento deben construir cárceles para garantizar que la detención preventiva se cumpla en condiciones dignas.

En este caso no se sabe de dónde van a sacar los recursos los municipios para construir o adecuar espacios de reclusión temporal, como el que construyó Bogotá en Puente Aranda y que tiene un costo por encima de los 30.000 millones. Hoy, Bogotá requiere seis de esos centros si quiere solucionar el hacinamiento en URI y estaciones, que tienen más de 3.000 personas privadas de la libertad. Y en el caso de las cárceles, si tuvieran que construirlas hoy, necesitaría cada municipio más de 200.000 millones de pesos.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia, a través del proyecto de ley “por medio de la cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional” busca eliminar los delitos de inasistencia alimentaria, el incesto, la injuria y la calumnia, la violación de la libertad religiosa, el impedimento y la perturbación de ceremonia religiosa, los daños o agravios a persona o cosas destinadas a culto y el irrespeto a cadáveres. Además, aumentar las penas para acceder a la suspensión de pena y a la prisión domiciliaria y que la pena máxima en Colombia quede en 40 años; todo esto, y más, para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones carcelerías.

En este caso, hasta ahora no es tan claro cómo se va a financiar lo que se propone, en términos de más personal de resocialización que se requeriría en las cárceles, de adecuación de espacios de formación, educación, trabajo y bienestar en más del 80 % de las cárceles, que tienen instalaciones muy viejas y no cuentan con espacios adecuados para estos fines, para más guardia o personal del Inpec que va a supervisar la multitud de privación de la libertad domiciliaria. Tampoco se tienen previstos los costos de la justicia restaurativa.

Ministro, ¿de dónde van a salir los recursos para cumplir con los mandatos legales para acabar el hacinamiento de cárceles, URI y estaciones?

HUGO ACERO VELÁSQUEZ