Elecciones de alto riesgo

Hoy existen distintos riesgos que pueden terminar afectando el proceso electoral y la seguridad de los ciudadanos. A la alta pugnacidad que hoy se vive dentro del proceso electoral se suman la desconfianza en la Registraduría y las denuncias de fraude que los extremos consideran que hubo en las elecciones parlamentarias y que puede haberlo en las presidenciales. Cada uno por su lado denuncia el posible fraude y llamaron a sus bases a estar alerta.

Álvaro Uribe, ante la desconfianza en las elecciones parlamentarias, pidió no aceptar los resultados. Andrés Pastrana aseguró que “las cifras oficiales del Registrador apestan a fraude a favor del Pacto Histórico” y pidió firmas internacionales para hacer análisis forense de los procesos de la Registraduría, y Gustavo Petro, antes de las elecciones parlamentarias, dijo estar “alerta con 120.000 guardianes y guardianas del voto y millones de personas en la calle, esperando el resultado” y advirtió: “Si la Registraduría garantiza los datos con absoluta transparencia, no hay problema”.

Estas denuncias de posible fraude y la desconfianza que hoy existe sobre la Registraduría ponen en alto riesgo el proceso electoral y la aceptación de los resultados de la primera y en especial de la segunda vuelta de las presidenciales, lo que puede provocar acciones violentas de uno u otro lado y alterar de manera grave el orden público.

Adicionalmente, funcionarios del Gobierno, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EE. UU., Victoria Nuland, y el exasesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mark Feierstein, han llamado la atención sobre la posible interferencia de gobiernos extranjeros en las elecciones.

En este escenario, casi explosivo, también está presente el riesgo de terrorismo, que con sus acciones busca crear la idea de inestabilidad, ingobernabilidad, demostrar el poderío de quienes las realizan, desencadenar el caos y generar miedo y desconfianza hacia las autoridades. En este ambiente, no es necesario colocar bombas, basta con incitar, a través de las redes, a desconocer los resultados electorales e invitar y realizar acciones violentas en las calles.

Frente a este escenario, hay que realizar acciones preventivas, como convocar a todos los candidatos, no a sus delegados, para involucrarlos en el análisis de la situación y las posibles acciones que hay que desarrollar antes, durante y después del proceso electoral. Ellos deben ser parte activa para que cualesquiera que sean los resultados no se termine en hechos violentos; ellos tienen la obligación de contribuir a que el proceso electoral se desarrolle en paz. La dificultad en este caso es quién convoca. Si lo hace el Gobierno, como lo acaba de hacer la Procuraduría, habrá desconfianza de algunos candidatos, que seguro argumentarán que es para favorecer a los candidatos de su predilección. La convocatoria es urgente y necesaria, y si no la hace el Gobierno debe hacerla una persona o institución que les dé confianza a todos los candidatos y partidos.

Se requiere que los gobiernos nacional, departamentales y municipales convoquen de manera regular los consejos de seguridad y le hagan seguimiento a la situación de orden público y seguridad, y antes, durante y después de la primera y segunda vuelta presidencial instalen puestos de mando unificados liderados, en cada nivel de gobierno, por el Presidente, los alcaldes y los gobernadores, para prevenir y atender hechos que puedan alterar el orden público.

Los ciudadanos deben estar enterados de todo lo que se haga, hay que convocarlos a trabajar de manera coordinada con las autoridades y para que denuncien cualquier hecho irregular que pueda afectar la seguridad, la convivencia y el proceso electoral.

Finalmente, ayudaría también que el Registrador renunciara, o que se nombrara un registrador ‘ad hoc’ que les diera confianza a los candidatos, partidos y ciudadanos en general.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

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