En medio de la discusión respecto a la inconveniencia de la propuesta de flexibilizar el de las armas de fuego a los ciudadanos, Alberto Concha-Eastman me remitió la investigación ‘Homicides in Latin America and the Caribbean’, que realizó con Édgar Muñoz y Mateus Renne-Santos, la cual llega a una serie de conclusiones que sirven para fortalecer la política pública para reducir este delito.
La primera conclusión es que el factor explicativo de los altos índices de homicidios es la “No aplicación de la ley”, el alto nivel de impunidad frente a este delito y en el caso colombiano es evidente, no obstante los importantes esfuerzos y avances que han hecho la Fiscalía y la Policía, que han situado a Bogotá con el más alto nivel de esclarecimiento de homicidios, por encima del 40 %, es decir, se sabe quién lo cometió, aunque en algunos casos no haya detenido.
Segunda conclusión, la inequidad (índice de Gini) es más predictora que la pobreza, que se ha incrementado en los últimos años, según la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac); la tercera, el subdesarrollo por sí mismo no explica los altos índices, y la cuarta, el desempleo es también predictor (agravado en la epidemia). A esto hay que agregar que se tiene en la actualidad una criminalidad cada vez más organizada y violenta.
De acuerdo con la primera conclusión, no vamos a poder seguir avanzando en la reducción del homicidio mientras más del 30 % de estos estén por determinar la posible causa del mismo. No puede ser posible que, en algunos casos, cadáveres encontrados con algunas evidencias de premeditación delincuencial terminen clasificados “por determinar”, cuando alguna hipótesis debe servir para orientar la investigación y no quede en la ‘cola’ de la gran cantidad de investigaciones que tienen los servidores públicos de investigación criminal de la Policía y la Fiscalía.
En la coyuntura, lo que se puede hacer con el alto nivel de impunidad y casos represados sin esclarecer es poner todos los esfuerzos en los casos recientes para dar con los culpables, detenerlos, juzgarlos y condenarlos. Esto reduciría la cadena de homicidios, pues muchas de estas muertes violentas no solamente son causa de una muerte anterior, sino que puede provocar otra por venganza o retaliación.
Los homicidios no los podemos seguir reduciendo si se sigue considerando que algunas muertes son ‘justas’, que el problema es entre los delincuentes y es mejor que se maten entre ellos, cuando lo que sucede es que cada asesinato está llevando a otros asesinatos. Igualmente, si consideramos que el problema es exclusivamente por riñas y por el consumo de licor. Hoy podemos decir que más del 50 % de los homicidios que suceden en la ciudad están relacionados con las disputas de las rentas criminales, lo que reduce a menos del 10 % los homicidios por determinar.
A todo eso se suma que Bogotá negó por largos años que existían “bandas criminales organizadas”, sin entender cómo se movían en la ciudad el narcotráfico, la trata de personas, los préstamos violentos del ‘gota a gota’, los fleteos, la extorsión, los hurtos de vehículos, motos, celulares, residencias, entre otras rentas criminales que, no obstante la desarticulación de más de 170 bandas dedicadas a cometer estos delitos en el último año, los delincuentes se las van a seguir disputando de manera violenta.
Hoy, cuando se abre la posibilidad de que a Bogotá lleguen más de 6.500 nuevos policías en los próximos tres años, para seguir reduciendo los homicidios y los demás delitos, una buena parte de este personal se debe orientar a fortalecer las labores de investigación criminal para aumentar el nivel de esclarecimiento de los homicidios. En septiembre llegan los primeros 500 para la policía judicial. Esfuerzo que también se debe hacer hacia la inteligencia para seguir identificando y desarticulando las distintas estructuras criminales que operan en la ciudad.
Hugo Acero Velásquez
Secretario de Seguridad de Bogotá