Corrupción y silencio del Pacto Histórico

La noche del 13 de julio de 2017, Edgar Artunduaga (q. e. p. d.) me comentó que el entonces gobernador de Nariño, Camilo Romero, lo había llamado para reclamarle por la publicación ese día de una investigación mía en Kienyke sobre la corrupción en el negocio de licores del departamento y de la conectividad de los establecimientos educativos, al mejor estilo de Centros Poblados. Artunduaga, quien era director de contenidos de la revista, le manifestó que el artículo estaba soportado en documentos. Como la queja no tuvo eco, entonces Romero lo invitó a hablar en Bogotá. Artunduaga le replicó que no tenían de qué hablar, que si quería controvertir la investigación, que escribiera y lo publicaba.

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El entonces gobernador nunca escribió nada. No era fácil en realidad desvirtuar la manera burda como les quitó el negocio de los licores a los empresarios de Licosur para dárselos a sus amigos y financiadores, quienes a los 15 días de su elección, en octubre de 2015, constituyeron la Organización de Licores de Nariño. Unos amigos que debieron tener información privilegiada, porque el mismo día en que se publicó el Decreto 364 de 2016, el 24 de agosto, a las 2 p. m., radicaron la solicitud de compra de aguardiente con una consignación en efectivo de 2.087 millones de pesos, un cheque sin fondos de 11.000 millones y una carta crédito que no alcanzaba a cubrir la suma del negocio de 18.901 millones.

Aunque los empresarios de Licosur enviaban cartas, que no eran contestadas, y alcanzaron a radicar su respectiva solicitud de compra en efectivo el 26 de agosto, en todo caso ya era tarde. El día anterior, el 25, a las 4 p. m., sin esperar propuestas, violando la ley y en un récord mundial de ‘eficiencia istrativa’, un comité había aprobado el negocio para sus amigos, había preferido vender a crédito y sin garantías que cubrieran el valor total.

Claro que eso no importa, porque tampoco ha tenido realmente que responder a los serios cargos en su contra por la acusación formal de la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2019. En eso ha sido muy útil el estribillo según el cual es víctima de persecución política de Néstor Humberto Martínez, de Francisco Barbosa, de la Fiscalía y de sicariato judicial. Argumento que esgrime a pesar de que su primo y entonces asesor, Andrés Felipe Arango, y la exsubsecretaria de Rentas del departamento Adriana Milena Amaya se acogieron al principio de oportunidad en 2019 y también lo acusaron. Pero muy orondo no solo es ahora candidato presidencial del Pacto Histórico, sino que, mientras que a Francia Márquez le incumplen con sus candidatos, a él lo premian con una de sus fichas en un puesto privilegiado en la lista al Senado. Es que a Petro le servía denunciar la corrupción hace unos años; ahora parece que le conviene callarla.

Aunque no es el único factor a favor de Romero. La prensa también juega un extraordinario papel. De un lado, las notas de corrupción en el negocio de los licores desaparecen de Google como por arte de magia, incluida la investigación referida en Kienyke.

De otro lado, hay columnistas que han creído en verdad en esos eslóganes del supuesto gobierno abierto y transparente, tal vez porque desconocen la génesis del podrido negocio, porque no se ventila en los medios. Sin embargo, posiblemente tampoco sepan que Romero utiliza en la Corte Suprema de Justicia las informaciones periodísticas favorables en un intento de que lo suyo no sea un juicio, sino una ponderación de su trayectoria, como lo ha mostrado Héctor Díaz Revelo, exiliado en España y uno de los dos periodistas acreditados en dicha causa. Eso, además de politizar el proceso como estrategia y de pedir incluso que sus amigos políticos sean llamados a declarar en su defensa.

Es así entonces como en el país del Sagrado Corazón es posible que haya corrupción sin corrupto, nadie que responda, y coaliciones y candidatos con banderas anticorrupción, como el Pacto Histórico y Petro, que pueden callar a conveniencia.

JOHN MARIO GONZÁLEZ