El 29 también se define Contralor

Sin todavía posesionarse, el próximo gobierno tendrá que definir si avala o desconoce las ilegalidades y argucias del proceso de escogencia del próximo contralor general de la República. Si el presidente fuera Federico Gutiérrez, la elección difícilmente sufrirá cambios, dada la extracción de sus apoyos parlamentarios, que son los mismos que han impulsado el cúmulo de vicios y artimañas so pretexto de una convocatoria pública.

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Si la elección recayera en Rodolfo Hernández tendrá debilidad legislativa, pero gran legitimidad para impulsar el desconocimiento de lo actuado. Y si fuera Petro, enfrentará el dilema de probar su voluntad de reformar la Procuraduría y la Contraloría, para eliminar sus costosas nóminas, como lo señala en su programa de gobierno, o recular y transar con los últimos estertores del régimen, que se resiste a perder sus prerrogativas.

Es que las irregularidades son de bulto. Dice el artículo 267 de la Constitución que “el Contralor será elegido por el Congreso en pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones”, esto es la voluntad del nuevo Congreso. Sin embargo, en una acción inconstitucional y claramente arbitraria, prima hermana del prevaricato, algunos de la mesa directiva actual anticiparon el proceso desde diciembre de 2021. Ciertas fuentes me dicen que desde junio u octubre lo venían planeando. Claro que, como auténticos cazafortunas, las orejas del burro se pueden ver desde el mismo Acto Legislativo 04 de 2019, en particular su artículo 6, que pavimentaba la pista para montar el carrusel y apoderarse hasta de las contralorías territoriales, como ocurrió en Bogotá.

Así que en eso consiste la resolución del 17 de enero de 2022, un documento para que las mayorías salientes dejen todo amarrado y obligar al Congreso, que se posesione el 20 de julio, a escoger de una lista de 10 de sus preferidos. Toda una camisa de fuerza.

Como si fuera poco, el asunto tiene trazas del ‘yo te elijo, tú me eliges’, el mismo por el que el Consejo de Estado anuló las elecciones de Francisco Ricaurte y Pedro Munar al Consejo Superior de la Judicatura en sentencias de unificación en 2014, y luego la del exprocurador Alejandro Ordóñez en septiembre de 2016. Dijo el Consejo de Estado que el artículo 126 de la Constitución no puede ser interpretado de manera literal, sino también en la finalidad del constituyente del 91 de evitar las prácticas de nepotismo, clientelismo y el mutuo favorecimiento entre electores y elegidos.

¿Acaso creen que la moñona de la Contraloría, al lograr seis de sus funcionarios en la lista de 10 elegibles, fue producto de la divina Providencia y no de la monstruosa burocracia y cuotas de los congresistas desde la reforma de 2019, como bien lo ha documentado ‘La Silla Vacía’ en numerosos artículos?

Es de tal magnitud la desviación de poder que no solo no se conoce que los congresistas hubieran declarado y absuelto impedimentos en la Comisión Accidental convocada, sino que una elección que debe ser soberana, transparente y en igualdad de condiciones la convierten en forma velada en la cooptación plena rechazada por el constituyente desde 1991. Un acto complejo en el que, además, no tuvieron empacho en reconocer que cursaron invitación a las universidades para adelantar la convocatoria pública del concurso para Contralor un 28 de diciembre. Háganme el bendito favor.

Les parecerá entonces una nimiedad decir que en la lista de los enchufados se violó la cuota de género, algunos candidatos no cumplen requisitos o no se respetó el voto de las minorías. Tanto que a los sectores alternativos, que el 20 de julio podrían construir una nueva mayoría, no les dejaron incluir ni uno solo de sus aspirantes. Claro que no les importa la hediondez del ‘todo vale’.

Pero no se dan cuenta de que de eso el país se hartó hasta la coronilla. Por eso prefiere votar simplemente por ver algo nuevo, así vayamos directo al despeñadero. Y es posible que por ahí derecho se les caiga la estantería el 29 de mayo porque ese día, curiosamente, también se define Contralor. En cualquier caso, un ciudadano podría, con cierta facilidad, tumbar esa extravagante elección con una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado.

JOHN MARIO GONZÁLEZ