Estamos solos

Son apenas las primeras recriminaciones y autoexculpaciones por la crónica de un fracaso anunciado. Vendrán muchos más reproches de Claudia López y Angélica Lozano al presidente Iván Duque por incumplir su compromiso de radicar con mensaje de urgencia los proyectos anticorrupción. Los acompañarán las acusaciones de falta de voluntad política o incapacidad de alinear a su propia bancada.

Porque no importa que no se logre nada, que las propuestas fueran irreales en lo político, redundantes al marco normativo existente, o, incluso, perjudiciales. Tampoco que se hubieran despilfarrado 350.000 millones de pesos. Lo que ahora importa es a quién echarle el ‘muerto’ y seguir ordeñando la consulta anticorrupción como fuente inagotable de provecho político, con miras a la alcaldía de Bogotá y las próximas elecciones locales.

Porque a la exsenadora López no le basta con que le sirviera para ocultar su pobre desempeño legislativo, para hacer campaña por todo el país y despertar la expectativa de que la consulta obligaría al Congreso a aprobar su contenido o si no el Presidente tendría que expedirlo por decreto. Como pudimos ver, pulularon falacias como esa.

Allí no importaron objeciones como las de los exministros Alfonso Gómez Méndez y Luis Felipe Henao respecto a que desde el estatuto anticorrupción de 1995 está vigente la obligación de todos los empleados públicos de efectuar la declaración de bienes, requisito que ahora se quiere reiterar, o que la Ley 1474 del 2011 eliminó los beneficios para casos de corrupción. Recuérdese que la única pregunta del referendo de Uribe de 2003 que pasó fue la que reformó el artículo 122 constitucional y eliminó cualquier beneficio para delitos contra el patrimonio del Estado. El mismo acápite, sin embargo, se volvió a reformar en el 2009 y 2017.

Si bien por espacio es imposible referirse en detalle a todas las propuestas del paquete ‘anticorrupción’, una de las más inconvenientes es la de la participación ciudadana en la discusión de los presupuestos de inversión pública. Aunque suene bien, no siempre la participación per se es lo más adecuado.

Mientras los tiempos para la aprobación del presupuesto son apretados, lo que hace dicho proyecto es crear un berenjenal en la tramitación del mismo, con vicios de inconstitucionalidad, y poner a los congresistas a pasear por todo el país en audiencias públicas dizque para priorizar la inversión. Lo propio harían las asambleas en los municipios con los ya enflaquecidos presupuestos de la mayoría de los departamentos. Un proyecto que por demás pretende reescribir el control político que establece la Constitución en materia presupuestal.

Se entiende, por supuesto, que el presidente Duque busque también provecho político de la consulta y la agenda anticorrupción, ni ingenuos que fuéramos. De hecho, en abril pasado se montó en el bus anticorrupción y logró con gran habilidad política aplazar la aprobación de la consulta para después de la primera vuelta presidencial. Con ello desactivó un hecho político que el Congreso no se atrevía a hundir por temor al linchamiento mediático.

Pero a la postre lo que lo puede poner contra las cuerdas es que con tal de salir del paso avalara las mismas falencias técnicas e inconvenientes de unas propuestas que la demagogia y el populismo de sus creadoras no han querido ver. Un político de opinión debe tener rigor técnico, porque si lo único que importa es exprimir políticamente las iniciativas anticorrupción antes que su conveniencia, podemos concluir que los ciudadanos estamos más solos que nunca.

@johnmario