Acabar el ‘gota a gota’

El presidente Gustavo Petro tiene razón: el ‘gota a gota’ tiene que acabarse en Colombia. No es una salida para los más pobres, sino su condena absoluta. No les resuelve el problema a las madres cabeza de hogar o a las mujeres que acuden especialmente a esta modalidad de préstamo, como describía el exsecretario de Seguridad Hugo Acero en estas páginas, sino que les quita la tranquilidad y, no en pocos casos, la vida.

No genera oportunidades con valor social para nadie, como denunciaba la concejal Lucía Bastidas, sino que empeña las ilusiones de unos cuantos que caen en el mortal negocio. Por eso le asiste razón al primer mandatario cuando expresa su preocupación frente a este fenómeno.

En lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en su magnitud real, pues ni el Dane ni otros sistemas estadísticos en las regiones han pulido sus sistemas para determinar cuántas personas acuden a esos servicios. Tenemos que coincidir en la manera en que vamos a combatir esta situación y a detectar con claridad su frecuente conexión con las estructuras criminales que ofrecen los dichosos préstamos. No creo, eso sí, que sea despotricando de los bancos como vayamos a acabar el problema, sino que, por el contrario, debemos hacer partícipe al sistema financiero de la solución.

De acuerdo con algunas aproximaciones, en ciudades como Bogotá, 9 de cada 10 vendedores que están en la informalidad recurren a esta modalidad de préstamo para asegurarse de que pueden obtener recursos para impulsar sus negocios. El problema es que cuando se ven alcanzados por las altísimas tasas de interés que les cobran los prestamistas, muchos de ellos terminan extorsionados, chantajeados y viendo expuesta su propia vida porque los cobradores saben que si tienen que matar a una mujer delante de sus hijos, como ocurrió recientemente en Bogotá, no dudan en hacerlo para dejar claro que sus créditos tienen que pagarse en los tiempos establecidos, aun cuando sus sangrientas tasas de interés, que van entre el 10 y el 30 por ciento mensual, resulten a todas luces injustas.

Un estudio de la Universidad Central, citado por la revista ‘Forbes’ en Colombia, señala que el negocio del ‘gota a gota’ mueve alrededor de 2.800 millones de pesos al día, es decir, 84.000 millones de pesos mensuales. Su presencia se ha extendido por todo el país, y los casos de extorsión –que suelen terminar en homicidios de los asfixiados deudores– se multiplican inquietantemente.

Está bien que el Gobierno considere que la asociatividad y el Banco Agrario pueden ser parte de la solución, pero el involucramiento de la banca tradicional no puede dejarse a un lado. De hecho, algunos bancos han anunciado en semanas recientes modalidades de créditos rápidos desde 500.000 hasta 5 millones con condiciones razonables para quienes piden los préstamos.

El Congreso, tan presto a ‘pupitrear’ ciertas iniciativas, debería poner en la agenda aquellos proyectos tendientes a ampliar la posibilidad crediticia de los colombianos con menos recursos y promover ideas que faciliten la formalización de estos préstamos, con el Estado como garante en algunos casos, para que la gente deje de venderle el alma al diablo y comience a tener opciones que no la lleven a matarse o a ser asesinada por causa de los impagos.

Acabar el maldito ‘gota a gota’ tiene que ser una prioridad de todos. Se dignifica la vida, se apoya a los más pobres y se reduce la criminalidad en las zonas más deprimidas si logramos erradicarlo. Lo que está pasando es cada día más grave, aunque siga siendo silencioso.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.

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