Puedo entender que se haya vuelto moda entre los opinadores comparar este momento político y judicial que vivimos con aquel de 1994 y con el proceso 8.000, que tanta vergüenza nos costó. Muchas cosas son sorprendentemente parecidas y, seguramente, el ejercicio de contrastar aquello con lo de ahora contribuye a ese anhelo tan esquivo en política de recordar para no repetir.
Todo eso es válido, sin duda, y, necesario, pero lo cierto es que estamos en 2023 y que el foco hay que ponerlo también, y sobre todo, hacia adelante para no perder el horizonte. Mientras el ruido de hechos tan graves como los que se están investigando nos aturden, no podemos olvidar que hay un deber superior de subsistencia que tiene que ver con que la economía no se caiga o que el empleo no se destruya o que las discusiones urgentes en materia de lucha contra la pobreza, industrialización y control de la inflación no queden subsumidas por el escándalo político de momento. Al tiempo que unos hablan de cambio, otros en la calle siguen sin sentirlo y las causas estructurales que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia continúan vivas, sin solución.
El “progresismo técnico”, con el que soñaban algunos de la izquierda sensata, como la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, sigue siendo una quimera; no existe ejecución en muchos sectores y la demora, como diría un cantante vallenato, nos perjudica.
Nadie duda de que esto apenas comienza y que la justicia tardará varias semanas más en aclarar lo ocurrido en la última campaña presidencial. Tanto la Fiscalía como los jueces que han intervenido en el proceso y tomado decisiones, apegadas a la ley, merecen todo el respaldo de los colombianos.
Por otra parte, los debates políticos tienen que seguir –nadie tampoco lo discute– y los colombianos deben proceder a refrendar el próximo mes de octubre si este es el modelo de país que quieren o escoger opciones alternativas que ayuden a resolver, por ejemplo, el problema de la seguridad en las ciudades, que se salió de control.
Todo eso pasará y, si tenemos suerte, los poderes públicos actuarán con independencia y soberanía y los pesos y contrapesos obrarán, pero, mientras tanto, ¿quién piensa en la economía? ¿Quién está bregando a mandarles mensajes de confianza y tranquilidad a los inversionistas o proponiendo que, a pesar de todo, tenemos que seguir adelante cuidando las plazas laborales que hoy tenemos y haciéndolas crecer con estímulos reales a quienes pueden generar empleo en Colombia?
Está muy bien que no les bajemos la vara a los políticos en los estándares morales que queremos frente a quienes nos gobiernan y que llevemos las indagaciones hasta las últimas consecuencias, ¿pero no debería haber voces también pidiéndoles a los empresarios que no se rindan y que sigamos construyendo un país que es mucho más que los personajes infames que de tanto en tanto aparecen en la escena pública?
Cada vez que contaminamos los procesos económicos con el pesimismo frente a nuestra clase dirigente y sus problemas, nos pegamos un tiro en el pie como país. “Lo peor que pueden hacer es pasar de agache”, me respondió en una entrevista Luis Alberto Moreno cuando le pregunté qué deberían hacer los empresarios en una coyuntura como la que vivimos. Y tiene razón. No hay que dejar que su impulso se apague y con ellos, todos los colombianos tendríamos que saber que por otras circunstancias iguales o peores hemos pasado y que, aun así, con resiliencia y valores democráticos hemos podido sobrevivir.
Que la justicia diga lo suyo, que la política se resuelva en las urnas pero que la economía, por favor, no se pare, porque, con todo y todo, ¡hay que seguir!...
JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.