El irracional sesgo antiempresa

A este gobierno le iría mejor si trabaja de la mano de la empresa privada y si deja que la empresa privada pueda trabajar. En México, por ejemplo, pese a todas las críticas que se le puedan achacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, la industria no se ha detenido y el ritmo de la economía ha sorprendido en la primera mitad del año, apalancada por un sector privado robusto que sostiene al país.

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Las famosas alianzas público-privadas han sido exitosas en todas las latitudes porque permiten un avance de ciertas obras y proyectos que en manos exclusivas del Gobierno nunca podrían salir adelante. Mejor dicho, el éxito de la llave empresa-Estado está más que probado, y solo unos dogmáticos necios empecinados en una estatización obstinada y, a todas luces inconveniente, pueden obstruir el avance de la sociedad, entre otras, pegándose un tiro en el pie.

Ha pasado en Medellín en los últimos años con la disputa que Daniel Quintero le planteó al empresariado paisa y está pasando lamentablemente con el Gobierno Nacional en casos como el del pago de la renta ciudadana. No está nada mal que el Ejecutivo, en el marco de su política de economía popular, fortalezca el Banco Agrario. El problema es que detrás de la terquedad de que solo a través de esta entidad se puedan ejercer los cobros del dichoso subsidio, lo que existe en realidad es una tirria contra el sistema financiero que desafía la lógica de la simplicidad y, de paso, pone en aprietos a los ciudadanos más vulnerables.

¿Cómo no va a ser más eficiente transferir esas platas usando Nequi, Daviplata o Dale y también las plataformas del Banco Agrario, que cerrando todas estas opciones y quedándose solo con una que todavía no está preparada para recibir semejante flujo de transacciones y de s?

Ahí no hay ánimo de fortalecer la banca pública sino desprecio por todo lo que ha hecho el sector productivo para ampliar la bancarización y hacerle la vida más fácil a la gente. Y si el problema es que el cobro por transacción en las entidades privadas resultaba muy oneroso, ¿por qué no coger el toro por los cachos y sentarse a negociar una comisión menos costosa? Ya otras veces, cuando el presidente ha pedido el concurso de los empresarios, ha obtenido respuestas favorables y rápidas frente a sus peticiones. ¡Pero no! Algunos solo quieren que exista sector público porque el privado les parece ventajoso y egoísta, como si las economías planificadas y centralizadas hubieran dado muy buenos resultados en la historia de la humanidad.

Lo mismo pasa con el programa de Jóvenes en Paz, ese que el Presidente redujo a un asunto de “pagar para que dejen de matar”. El Gobierno podría darse una vuelta por las exitosas experiencias desarrolladas por Propacífico y el empresariado del Valle para darse cuenta de cómo cientos de jóvenes que salieron a protestar en el 2021 hoy tienen empleo o proyectos productivos que resultan más sostenibles que un subsidio que genera dependencia y estanca, en últimas, a la juventud. ¡Pero no! De nuevo, puede más la idea del “Estado proveedor” que el impulso de una alianza entre lo público y lo privado para enseñarles a pescar a miles de jovencitos que pudieran encontrar su propia idea de negocio o actividad legal que los ponga a “vivir sabroso”, pero sin asistencialismos.

Lamentablemente hay funcionarios en este gobierno que están alimentando ese discurso irracional y no se han dado cuenta de que con su visión limitada de las cosas se están autosaboteando y condenando a que sus iniciativas sociales no sean exitosas. Es el ilógico sesgo antiempresa, en su máxima expresión.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO