La certeza de la impunidad

Estuve en Barranquilla, recientemente, con motivo de su emblemático carnaval. Da gusto ver cómo la gente se siente orgullosa de su ciudad y de sus tradiciones, cómo valora la continuidad de ciertas políticas públicas y cómo avanza en la recuperación de espacios públicos y le apuesta a un turismo sostenible. Sin embargo, la preocupación por la seguridad –la misma que compartimos en varias ciudades del país– es evidente. El departamento del Atlántico cerró enero con 74 homicidios, 22 más en comparación con el mismo periodo del año pasado y, de acuerdo con la asociación de comerciantes del centro, al mes se reportan 400 llamadas y casos de extorsión. ¿Qué pasa en ciudades como esta y qué patrones pueden estar presentándose en la mayoría de urbes colombianas que expliquen el fenómeno de la reincidencia y la criminalidad?

(También le puede interesar: Y de la paz total del Cauca, ¿qué?)

Miren esto: el 27 de octubre de 2022 capturaron en una diligencia de allanamiento a dos integrantes de la estructura de ‘los Costeños’. Ambos tenían anotaciones judiciales desde 2017 por hurto calificado, concierto para delinquir, homicidio y hurto. Pasaron unas pocas horas, detenidos, antes de que viniera la decisión de un juez de darles prisión domiciliaria sin que hoy, 4 meses después, se sepa dónde están. El 12 de enero de este año, un sicario y recolector de cuotas extorsivas, encargado de los atentados contra comerciantes y transportadores fue capturado. Desde 2021 presentaba registros por hurto, homicidio y extorsión agravada. La determinación de la justicia, hace pocos días, fue dejarlo en libertad, aunque continúe vinculado al proceso. De él tampoco se sabe mucho en este mes de febrero y es posible que no vuelva a comparecer a las diligencias a las que está vinculado.

Lo de alias ‘Mono paisa’, por su parte, es delinquir, ir a la justicia y quedar libre como si nada. El tipo ha sido integrante de las bandas criminales ‘los Paisas’, ‘los Rastrojos’ y ‘los 40 de Castilla’. Lo han cogido con las manos en la masa, en 2018 por extorsión, en 2021 por homicidio y, más tarde, ese mismo año, fue capturado por concierto para delinquir. No ha durado ni siquiera un mes preso y en cada concurrencia logra la libertad. Y ojo a este: a alias ‘Digno palomino’, un sujeto temible que ha estado incluido en los carteles de los más buscados en esta región de 2012 a 2019, con circulares azul y roja de la Interpol, quien fue capturado en Venezuela y en 2022 recibido en Cúcuta con la esperanza de que se hiciera justicia en su caso, le dieron recientemente la detención domiciliaria como un beneficio que sus víctimas no acaban de entender.

Recordé entonces a la alcaldesa de Bogotá, quien también se queja consistentemente de que 8 de cada 10 personas reincidentes quedan en libertad en cuestión de horas en la capital, sin que haya justicia ni reparación y, releí, cómo no, la columna del profesor Rodrigo Uprimny evocando a Cesare Beccaria, un penalista insigne que decía que “la certidumbre del castigo, aunque moderado, previene mejor el delito que el temor de otro más terrible, unido con la esperanza de impunidad”.

El problema, pues, no es que en Colombia tengamos penas altas, medianas o bajas, sino que no existe el más mínimo interés por hacer efectiva la justicia ni siquiera en dosis mínimas frente a criminales que deberían tener la certeza de que por sus conductas cumplirán con sanciones efectivas pero que, por el contrario, lo que tienen hoy es la certeza de la impunidad. Por eso no hay seguridad posible, sin justicia y, por eso, en ciudades como Barranquilla, la tranquilidad difícilmente llegará mientras los pillos más pillos tengan incentivos como la libertad condicional o la detención domiciliaria, cada vez que cometen un delito. Así funciona la perversa certeza de la impunidad.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO