Y por fin, después de años, llegó la primera resolución de conclusiones de la JEP en contra de varios máximos responsables de las Farc, y vino con la declaración de que los comparecientes habían aportado suficiente verdad y reconocimiento pleno de sus responsabilidades. Ello les permite hacerse a las sanciones propias de esa jurisdicción que son las pactadas en el acuerdo de La Habana y entronizadas en la Constitución y en las leyes con mucho de mermelada y mucho de fast track, como los lectores recordarán.
Es una lástima que el entramado tramposo que se instaló en nuestro ordenamiento jurídico haya convertido los puntos de partida en puntos de llegada y volviera los mínimos reparadores en ofertas generosas de parte de los victimarios con sus víctimas. De la platica poco o nada se habla. Así se acordaron las cosas y así debe pasar, dicen los que defienden lo pactado. El perdón público, el desminado, la identificación de fosas y la búsqueda de desaparecidos dejaron de ser hace rato los requisitos elementales para postularse a la justicia transicional y se convirtieron en “sanciones propias”; las máximas posibles para los más horrendos crímenes que se cometieron a lo largo de décadas y en contra de tantos. Gracias, honorables magistrados. Gracias, ilustres de las Farc.
Pero que la ley –aunque injusta– los proteja y cobije, no les quita a las víctimas su derecho a expresarse y los colombianos deberíamos, por una vez, al menos por una vez, escucharlas. Por ejemplo, Jaime Felipe Lozada dijo, al conocer esta resolución, que “alias Joaquín Gómez, uno de los beneficiados de esta medida, niega tajante y reiterativamente su participación en el secuestro de mi familia y en el mío; hechos que son ampliamente conocidos no solo por la magistrada Julieta Lemaitre sino por la opinión pública, revictimizándonos constantemente de esta manera. Entonces, me pregunto, señores magistrados: ¿en dónde está la verdad completa y plena que tanto pregonan?”.
El perdón público, el desminado y la identificación de fosas dejaron de ser los requisitos para postularse a la justicia transicional y se convirtieron en sanciones propias.
En el programa La Noche, de NTN24, el abogado Juan Camilo Sanclemente, quien representa a un colectivo de víctimas, dijo con claridad que “no hay que seguirse prestando para ese tipo de burlas”, al tiempo que señaló que varias de las personas que padecieron el secuestro de las Farc acudirán a instancias internacionales.
de la Corporación ‘Mil Víctimas’, que reúne a militares secuestrados por las Farc, afirmaron que no sienten que la resolución “sea correspondiente con el daño que se les causó y con la centralidad de las víctimas prometida en el sistema integral”. El general Mendieta, secuestrado 12 años –¡12¡– por las Farc, dijo adolorido en La W que “a esa guerrilla le están tapando todo”. Helmuth Angulo, hijo de Gerardo Angulo y Carmen Castañeda, secuestrados por las Farc en el año 2000 cuando tenían más de 60 años de edad, aseguró en declaraciones recogidas por el portal Pulzo: “Yo esperaba algo más coherente porque después de seis años de esta investigación, siento que es una burla con las víctimas”.
Finalmente, César Lasso, exsargento de la Policía Nacional, quien fue secuestrado el 1.° de noviembre de 1998 en Mitú, dijo también para Pulzo: “En lo colectivo pienso que no aportaron tanto a la verdad como la JEP indica, no hubo temor a la justicia y (...) siento que no será algo generador de un arrepentimiento y fomenta ciclos de violencia”.
El espacio de esta columna se agota, pero la voz de las víctimas no. Por eso insisto: si los jueces no les van a dar la reparación que merecen, nos corresponde como sociedad darles el chance de decir lo que piensan y sienten frente al remedo de justicia que les tocó padecer. ¡Que hablen las víctimas!
JOSÉ MANUEL ACEVEDO