El informe de la Comisión de la Verdad: ¿documento sesgado?

Hay futuro si hay verdad es el título que la Comisión de la Verdad le dio a los dos libros donde recoge su investigación sobre el conflicto armado en Colombia. El primero lo tituló ‘Cuando los pájaros no cantaban’, un nombre hermoso para un texto donde se reúnen los testimonios de las víctimas. El segundo se titula ‘Hallazgos y recomendaciones’, un libro en el que la comisión, fruto de los acuerdos firmados por el Gobierno Nacional con las Farc, en La Habana, trata de esclarecer lo ocurrido y, al mismo tiempo, “promover el reconocimiento de responsabilidades”. Los dos libros revelan, como lo hacen Germán Guzmán Esponda, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna en La violencia en Colombia, una realidad que ningún colombiano puede ignorar.

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En ‘Cuando los pájaros no cantaban’, que es el volumen testimonial del Informe Final, están consignadas las historias de esos colombianos humildes que sufrieron en carne propia la arremetida de un grupo guerrillero que en su intento de tomarse el poder por la fuerza de las armas recurrió a todo tipo de vejámenes contra la población civil, llevando desolación y muerte a todos los rincones del país. En este volumen está la voz angustiada de quienes, como un aporte al esclarecimiento de la verdad, quisieron contar lo vivido por ellos como si buscaran exorcizar esos fantasmas que los acompañaban desde que vieron morir a los suyos por culpa de un enfrentamiento que ni ellos mismos entendían. Aquí hacen presencia, con sus relatos, más de treinta mil colombianos víctimas del conflicto armado.

En la presentación del volumen con los testimonios de las víctimas la Comisión de la Verdad expresa que “intentó componer una polifonía sobre la guerra desde las experiencias más íntimas de las personas que la vivieron”. Estos testimonios demuestran lo cruento de una guerra que todavía Colombia no ha superado. Para las víctimas, reconstruir frente a un equipo investigativo todo lo vivido fue traerles el recuerdo de esos momentos que quedaron tatuados en su memoria como los más duros que hayan pasado en sus vidas. Indagar en la memoria de una violencia que sigue sacudiendo al país debió haber producido tristeza en los investigadores. Escuchar esos relatos debe dejar en el alma de quien los oye una rabia contenida al comprobar que existen criminales capaces de causar tanto dolor.

En el primer relato de este volumen una mujer cuenta cómo, después de autorizar a su hijo de once años para que asistiera a misa con una vecina, ve a su esposo llegar, asustado, al pequeño negocio que tienen cerca de la plaza. “Mija, cerremos”, le dice. Lo hace porque en el parque todo el mundo afirma que viene un grupo de hombres armados. El miedo se apodera de todos. Cinco minutos más tarde, los paramilitares se tomaron el pueblo. La gente trata de esconderse en sus casas, pero los hombres armados lo impiden. La mujer tiene el valor para salir en busca de su hijo. Y se enfrenta a un paramilitar cuando, al preguntarle este porque está en la calle si ellos prohibieron salir, lo trata mal. Esa osadía se la cobra matándole a una hija. Los hombres permanecieron en el poblado cinco días, sembrando terror.

Historias llenas de dolor, salidas de lo profundo del corazón, conmovedoras, contadas con una precisión en los detalles que sorprende, pasan por las quinientas páginas de este libro revelador de lo que ha sido la barbarie que durante años ha vivido Colombia. Después de leer testimonios como el de una mujer que dice: “Veo que explotan pipetas de gas. Veo que explotan la gasolina. Eso subía la candelada pa’ arriba”, el lector se asombra de la inclemencia de unos hombres armados que acaban con todo lo que encuentran, no importándoles que mueran niños o ancianos, como sucedió en Bojayá el 2 de mayo de 2002. O como el de otra mujer que ve al perro llegar a la casa con la cabeza agachada, como llorando el asesinato de su amo en la toma de un pueblo por los paramilitares.

El volumen ‘Hallazgos y recomendaciones’ recoge el estudio detallado de lo que ha sido esta orgia de sangre ocasionada por los grupos al margen de la ley. Este no es un inventario de muertos, es un análisis de las causas de ese enfrentamiento armado que durante más de sesenta años ha vivido Colombia, o como dicen los investigadores, un documento para el esclarecimiento de la verdad. Un texto que habla sobre las masacres ejecutadas en el territorio nacional por todos los actores armados del conflicto, de las ejecuciones extrajudiciales, de los asesinatos selectivos, de las desapariciones forzadas, de la violencia sexual contra cientos de mujeres, del despojo de tierras, de la toma armada de poblaciones y de los secuestros de miles de colombianos que fueron separados de sus familias para quitarles gruesas sumas de dinero.

Uno de los hechos trascendentes que dejó la firma del Acuerdo de Paz con las Farc fue, sin lugar a duda, la dejación de armas por cerca de doce mil militantes del grupo armado. Esto lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas. A este logro se suma la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Este último como un organismo extrajudicial, uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. También la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Con todo este andamiaje burocrático se buscaba no solo garantizar el derecho a la verdad, sino también establecer quienes fueron los responsables de este desangre.

Es aquí, precisamente, donde se descubre el sesgo de la Comisión de la Verdad sobre la responsabilidad en los hechos violentos que han sacudido a Colombia. Si bien es cierto que “la escucha de la Comisión fue amplia y plural, asertiva y reparadora”, también es cierto que culpa al Estado colombiano de este desangre. Aunque el llamado de la Comisión de la Verdad se convirtió para muchas de las víctimas en la primera vez en que una entidad del Estado “las trató como ciudadanos sujetos de derechos”, sus voces no lo culpan de lo sucedido. Su responsabilidad recae, sobre todo, en los Falsos Positivos, y en los casos en que autoridades militares actuaron como cómplices de los paramilitares, no persiguiéndolos. Pero el Estado no es responsable de los hechos atroces cometidos por los grupos guerrilleros.

JOSÉ MIGUEL ALZATE