La espada contra los colombianos

La misma semana en la que el llamado “gestor de paz” ‘Marcos Calarcá’ masacraba a siete soldados que custodiaban a desmovilizados de las Farc, el presidente blandía la espada de Bolívar, no contra los violentos, sino contra el Congreso, amenazando con revocarlo si no le aprueban sus caprichos. Este es el retrato del gobierno Petro: la espada para los colombianos y el guante de seda para los criminales.

En casi tres años, ‘paz total’ no ha traído un solo resultado para los ciudadanos. Al contrario, ha desarmado al Estado y entregado el país a los violentos. El propio presidente de la Corte Constitucional lo denunció en un salvamento de voto demoledor: el repliegue de la Fuerza Pública, ordenado por la política oficial, facilitó el fortalecimiento territorial, económico y militar de los grupos ilegales. Todo, bajo la fachada de un discurso pacifista.

El plan es claro: dividir a las disidencias, pactar con las más convenientes y permitirles expandir su control. Así, mientras negocian, siguen traficando, reclutando menores, asesinando y gobernando territorios donde la presencia del Estado es una burla.

Las disidencias más favorecidas son las de ‘Calarcá’. Fue capturado en 2024 en Antioquia, desplazándose en camionetas blindadas de la UNP, cargadas de dinero y armas. ¿Resultado? Libertad inmediata, porque es “negociador de paz”. Este forma parte del ‘Estado Mayor Central’, una de las cuatro disidencias con las que el Gobierno extendió el cese bilateral hasta el 18 de mayo de 2025. Luego vendrá la fase de “agrupamiento”, el eufemismo con el que el Gobierno planea repetir un nuevo Caguán.

La cercanía entre Petro y Calarcá no es solo una sospecha: el propio delincuente lo dijo sin ambages esta semana: “Si preguntan por quién votar, responderemos que por los de Petro”.

La ‘paz total’, en vez de pacificar, ha armado más al enemigo. Ha deslegitimado al Estado, debilitado a las Fuerzas Armadas y empoderado al crimen organizado. En resumen, Petro ha hecho en tres años lo que ningún otro presidente se atrevió: ceder el Estado a quienes lo combaten.

Y mientras los violentos imponen su ley en los territorios, el Presidente se dedica a atacar a quienes no lo aplauden. El 1.º de mayo amenazó sin rodeos al Congreso: “Y entonces, en una sesión del Senado, a medianoche, votarán para decir no a la consulta. El pueblo de Colombia se levanta y lo revoca”. Este es el lenguaje de un caudillo, no de un estadista.

El verdadero enemigo del Gobierno no son los grupos armados ilegales, sino los colombianos que no se someten. Petro agita la espada de Bolívar contra el Congreso, las cortes, el empresariado y los medios, mientras extiende la mano a las disidencias que le juran lealtad. Alias Calarcá y Walter Mendoza –este último también líder de una disidencia y defensor público de Petro– son la nueva base política del Gobierno.

Los congresistas tendrán claro que si aprueban la consulta, serán los primeros en ser eliminados del tablero político. No se equivoquen: la estrategia de Petro no busca reformas, busca poder absoluto. Su verdadera intención es borrar del mapa político a todo partido que no se someta al Pacto Histórico. Cualquier voz crítica será perseguida. La bandera del “cambio” ondeará sobre las ruinas de la democracia, como sucedió en Venezuela o Nicaragua.

P. D. El cáncer de la corrupción no solo volvió al poder con el gobierno Petro: hizo metástasis. La confesión de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial y hoy delatora de una red de compra de favores y contratos, es apenas la punta del iceberg. Ella, que ondeaba las banderas contra la corrupción para “derrotar las mafias del pasado”, terminó siendo ficha clave de un nuevo cartel: el del cambio que se robó al Estado. No era una revolución ética, era una estrategia para saquear con discursos progresistas.

LUIS FELIPE HENAO

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