La inseguridad no obedece al hundimiento de la reforma tributaria

Una vez más el ministro de Defensa, Iván Velásquez (el mismo que devolvió 800.000 millones de pesos del presupuesto de su ministerio en el 2023), atribuyó los problemas críticos del sector defensa a razones presupuestales, a pesar de ser el Gobierno con mayor apropiación presupuestal en la historia económica reciente.

Su afirmación del jueves, al asegurar que el hundimiento de la reforma tributaria afectará las capacidades de la Fuerza Pública, advirtiendo que el próximo año será peor, es una lavada de cara monumental frente a la percepción nacional del deterioro de la seguridad nacional. Una vez más evidencia la falta de estrategia del gobierno Petro para la seguridad nacional, a pesar de las cifras inocultables del desastre causado a la protección de las familias y regiones colombianas.

Desde el inicio de esta istración, el debilitamiento de la Fuerza Pública ha sido una constante, y ahora pretenden culpar al Congreso por su falta de gestión y planificación. El Plan 16.000 es un ejemplo claro del incumplimiento de las promesas de este gobierno. A pesar de anunciar la incorporación de 16.000 soldados profesionales, ese objetivo no se ha cumplido para responder a los desafíos de seguridad actuales, aunque el Gobierno pretenda ampliar de afán el número de participantes en nuevos cursos y reducir el tiempo de formación, para lograr lo que había ofrecido.

La pérdida de confianza y moral en las filas de la Fuerza Pública es evidente. La salida masiva de militares y policías experimentados, las restricciones en operaciones críticas por falta de equipo aéreo, vehículos y mantenimiento, el abandono de la modernización tecnológica y las decisiones arbitrarias retirando del servicio a varios oficiales la víspera del ascenso, cuando ya habían concluido el curso y sus familias se encontraban en Bogotá luego de viajar para acompañarlos en la ceremonia, han llevado a una desmotivación sin precedentes de la Fuerza Pública, no obstante la decisión efectista, pero plausible, sobre la mesada 14 que esta istración hizo gracias a la presión de la Comisión II del Senado y que inexplicablemente no se realizó antes.

La seguridad no es solo un componente del bienestar nacional, sino columna vertebral y condición indispensable del goce pleno de los derechos fundamentales que relaciona el Capítulo 1, del título II de nuestra Constitución. Hace 24 años, gracias al Plan Colombia y a la Política de Seguridad Democrática, consolidamos la presencia estatal en regiones antes controladas por el crimen organizado que bajo esta istración volvieron a manos de los criminales. Los resultados de entonces obedecieron a liderazgo, planeación, trabajo, rigor, asignación y uso adecuado de recursos, con la valentía y amor de nuestra Fuerza Pública por el país.

La defensa del territorio, la democracia y la protección ciudadana son prioridad, pero solo se logran con un gobierno que respete y valore a su Fuerza Pública y la aliente cada día en el cumplimiento de su deber, en lugar de darle señales contrarias al interés nacional y contradictorias, por los anuncios permanentes de cese del fuego bilateral, que solo impuso a la Fuerza Pública y no a los criminales. Requiere, además, de un gobierno que se preocupe por la unión y bienestar de las familias militares.

Este gobierno debe de inmediato reducir burocracia, el gasto internacional desaforado y el crecimiento descontrolado del aparato estatal, que contrarían al Estado de derecho y desvían recursos que deberían fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas y de la justicia. Más que amenazas, necesitamos un gobierno que reconozca que cada peso malgastado es una oportunidad perdida para proteger a Colombia.

MARTA LUCÍA RAMÍREZ

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