La seguridad energética y las regalías

Recientemente presenté en Cartagena un estudio sectorial en el que la Contraloría General de la República analiza un tema muy importante para el país: su seguridad y confiabilidad energética. Una conclusión inicial de este análisis es que la política energética, en cuanto a seguridad se refiere, nos está llevando a niveles de preocupación que se pueden agravar si no se toman medidas correctivas con suficiente antelación.

Si bien se ha dado importancia en los últimos años a la transición energética, esta por sí misma no garantiza la confiabilidad del suministro energético para los distintos sectores de la economía, por lo que debe ir a la par de una política encaminada a la seguridad energética, que no solo es fundamental para la estabilidad económica y el crecimiento, sino también para la soberanía nacional.

Debo insistir en que se requiere fortalecer la seguridad energética del país y no arriesgarla con cuentas optimistas sobre la transición energética, cuando el país debe prepararse desde ya para una eventual caída de los recaudos de regalías como consecuencia de una futura disminución de la producción petrolera, si no se toman medidas adecuadas para contrarrestarla, a lo que se suma la baja de otros recursos provenientes del sector minero energético.

Justamente, en un foro que realizó la Contraloría General de la República finalizando el mes de julio, se analizó con detalle el futuro sostenible y competitivo de las regalías. En ese evento formulé un llamado en el sentido de que el uso de estos recursos tiene que ser más efectivo y equitativo, para que lleguen a donde tienen que llegar y se eviten acciones que pueden ser delictivas.

Casi un mes después de haber hecho este llamado, se conocieron unas graves denuncias del Departamento Nacional de Planeación, que dan cuenta de la posible pérdida de recursos de regalías por 12 billones de pesos entre 2017 y 2024, tema sobre el cual les he propuesto a la Fiscal y a la Procuradora convocar a una reunión al director del DNP próximamente, para concretar una colaboración que permita determinar responsables y tomar los correctivos inmediatos.

En nuestro caso, nos corresponde, con las pruebas que recibamos, analizar cada uno de los proyectos denunciados, desde el punto de vista jurídico, financiero y técnico, y determinar si tienen presuntas incidencias fiscales. Seguramente habrá casos que estarán entre los que ya son objeto de nuestra vigilancia y control fiscal. Nuestras actuaciones, entre 2017 y 2024, han arrojado 2.283 hallazgos con incidencia fiscal y 159 beneficios de control fiscal, lo que en total muestra resultados por más de 5 billones de pesos. Y estamos adelantando 813 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía superior a 2 billones 483.000 millones de pesos.

Nos enfrentamos a nuevas realidades en el tema de la seguridad energética, la cual se ha construido a través de décadas de inversión y desarrollo y experiencias frente a crisis pasadas. Contamos con abundancia de recursos potencialmente energéticos que han sido aprovechados oportunamente; estas ventajas están desapareciendo, exponiéndonos a riesgos en la seguridad y confiabilidad energética.

Colombia no está planeando con anticipación la demanda para garantizar la seguridad energética es una de las conclusiones centrales de nuestro estudio ‘Seguridad y confiabilidad energética en Colombia (2010-2026)’, donde advertimos situaciones que requieren atención urgente, en los subsectores petrolero, eléctrico, de gas y minero.

No podemos poner en riesgo la seguridad energética, ni en juego las regalías. Defender juntos los recursos públicos tiene sentido.

CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA

Contralor general de la República