Lavandería Colombia

Ante la creciente criminalidad en Colombia y la acumulación de patrimonios ilegales, a finales del siglo pasado creamos una sólida institucionalidad para combatir el lavado de activos y extinguir las fortunas ilícitas, que es modelo mundial. De hecho, a nivel global no existe otro referente en el que anualmente se incauten billones en activos de las organizaciones criminales, como ha venido ocurriendo entre nosotros durante los últimos diez años.

Un elemento central para esta exitosa tarea tiene que ver con la existencia en Colombia de un sólido sistema de información de movimientos bancarios, basado en reportes de operaciones sospechosas (ROS), que deben efectuar los bancos y demás agentes comerciales.

Como superintendente bancario promoví esta obligación en cabeza de las instituciones financieras a finales de los años ochenta. Siempre consideré que dicha información debía remitirse por los bancos a la Fiscalía, a fin de que esta organizara una unidad de inteligencia que le permitiera hacer cruces y seguimientos al dinero ilícito, con fines de judicialización exclusivamente. Así se consagró legalmente en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Desafortunadamente esta responsabilidad se le quitó a la Fiscalía en el año 1999, con la creación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda. Es decir, la inteligencia y el seguimiento del dinero particular se colocaron en manos de los gobiernos, lo que entre nosotros constituye una peligrosa tentación para usarla con fines políticos, al punto de que, en el pasado, información de la Uiaf sirvió para nutrir debates en el Congreso y, más recientemente, fue utilizada irregularmente por Petro en una inédita alocución televisiva, para encender una discusión sobre las escuchas ilegales y acusar sobre el particular al gobierno anterior.

Mucho temí que se utilizara extrajudicialmente documentación de la Uiaf, violentando la reserva legal, que constituye su pilar esencial. Por ello, en el año 2017 volví a insistir ante el Congreso en que, como fue en su origen, toda la información financiera de los movimientos bancarios se le entregara a la Fiscalía, solo para propósitos judiciales, evitando que las narices palaciegas rondaran esta información, iniciativa que no prosperó.

De haberse aceptado nuestra propuesta, no estaríamos en las que estamos, a riesgo de que en la práctica desaparezca la Uiaf, excluyéndola del Grupo Egmont, como resultado de una irresponsable actuación presidencial. En un sistema financiero global, es ridículo pensar que una entidad de esta naturaleza pueda sobrevivir mirando cuenticas y transacciones nacionales. Es imperdonable que, por pérdida de confianza internacional, la Uiaf pueda salir del circuito de información mundial entre unidades de inteligencia financiera. Sería otro legado de este gobierno en beneficio de la delincuencia.

Por cierto que, como también lo denuncié en el Congreso, en la Uiaf existe un peaje que les impide a las autoridades judiciales conocer todo el universo de la información que reporta el sistema financiero, lo que no tiene justificación. Por ejemplo, el año pasado la Uiaf apenas difundió 182 informes con destino a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General, mientras los bancos le reportaron más de 8.000 operaciones sospechosas. ¿Acaso hay favorecimientos para que la información bancaria no les llegue a la Fiscalía y a la Corte? ¿Por qué y para quién actúa selectivamente la Uiaf?

También es cierto que la otra mitad de su tiempo lo dedica la Uiaf a hacer informes de inteligencia financiera; 136 produjo en el 2023. ¿Quiénes recibieron esos informes y qué destino se les dio? Una buena pregunta para un director que, lejos de mostrar carácter, ha acreditado que es un sumiso servidor del poder de turno, gracias a lo cual Colombia está a las puertas de convertirse en una ‘lavandería’ internacional.

Taponazo. El ministro Juan Fernando Cristo propuso en la reforma política del 2014 quitarles funciones electorales a las cortes. Una iniciativa en la dirección correcta. Pero ahora el mismo Cristo propone que las cortes elijan el poder electoral de la Nación, designando los nueve magistrados del CNE. Sería nefasto.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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