Lo que las cámaras no miran

En el Hogar Infantil Canadá, en el suroriente de Bogotá, un trabajador que cuidaba niños de tres años fue acusado de abuso sexual. Los cambios en el comportamiento de un niño y dos niñas y las palabras de una de ellas suscitaron la denuncia de una madre que llegó a la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se estima que hay entre seis y doce víctimas de abuso en ese centro, manejado por una fundación que istraba diez jardines infantiles con recursos públicos, y que había pasado todos los filtros de contratación del ICBF. Las investigaciones señalan que el operador ya tenía un pliego de cargos por servir comida vencida y que había obtenido otros conceptos desfavorables.

El caso, desafortunadamente, no es excepcional. 4.375 denuncias de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes se han reportado este año, pero hay subregistro. Las cifras citadas por el ICBF indican que alrededor del 70 por ciento de los casos ocurren en el hogar y el 17 por ciento en instituciones, y casi la mitad en Bogotá y Medellín. Sin embargo, de esto se habla poco, y, cuando un caso es mediático, las reacciones son linchamientos –justicia por mano propia– o culpabilizaciones, como si la incapacidad para garantizar la no repetición nos despojara de la capacidad de asumir esa corresponsabilidad a la que nos obligan la Constitución y las leyes.

Si bien el dolor de las familias y las comunidades, especialmente cuando no son escuchadas de manera oportuna, puede derivar en desbordamientos, se espera otra actitud de los representantes del Estado y, en ese sentido, las palabras del presidente desde Ocaña distan de ser las de un jefe del Gobierno: “¿Qué hace una fundación privada dirigiendo un jardín infantil que es del Estado?”, le preguntó a una audiencia de niños y familias, como si la respuesta –o la responsabilidad– la tuvieran ellos.

“Privatizaron los jardines infantiles... contratan porquería, en vez de profesionales para educar”, se quejó, y añadió que hacía varios años le había ordenado a la directora del ICBF acabar con la tercerización en los procesos de contratación. “No me han cumplido”, se lamentó, como si él no fuera responsable del seguimiento a sus indicaciones y a los servidores públicos, y le advirtió a la directora que, después de su regreso de China, se reunirá con ella. (¡Qué miedo: el señor pidiendo cuentas de abuso sexual a la señora!).

La directora del ICBF ha explicado que la contratación de los operadores está bajo la jurisdicción del instituto y que “la ruta se surtió”. También ha dicho que los centros infantiles asignados a esa fundación serán istrados directamente por el ICBF, como ya se ha hecho en 244 unidades. Quizás el Presidente ignore que hay más de 2.600 centros de desarrollo infantil y que el Estado es incapaz de atender directamente a la población de primera infancia del país. Cuando vuelva de China, habrá que preguntarle cómo piensa resolver la atención a la primera infancia este año, sin recurrir a operadores privados. ¿Son todos “porquería”, como dijo? ¿Dónde están las acciones de control institucional que el ICBF, como representante del Estado, debe hacer a los operadores?

Entre las medidas mencionadas por la directora figuran la priorización de género, para que solo haya mujeres contratadas en la atención en primera infancia, y la instalación de cámaras de vigilancia en las unidades de servicio, con en tiempo real para padres de familia. Se trata de simulacros de control que tranquilizan mientras pasa la tempestad, pero las cámaras no nos pueden quitar posibilidades de mirar, escuchar y estar con los niños. Y para descifrar sus lenguajes, a veces inaudibles o ininteligibles, es indispensable hacerlo todos juntos, hombres y mujeres.

YOLANDA REYES

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