La llave maestra es la simplificación de la extinción del dominio

Una de las principales razones del conflicto armado fue el a la tierra, que se convirtió en la justificación de la guerra para miles de combatientes durante décadas. Sin embargo, el conflicto terminó agravando el problema, pues causó el desplazamiento de más de 8 millones de personas que tuvieron que huir de sus hogares por la violencia.

Por ello, uno de los 6 puntos del Acuerdo Final de Paz fue su democratización a través de diversas reformas que garanticen que millones de personas puedan volver a acceder a la tierra a través de: 1. La extinción judicial de dominio a favor de la Nación. 2. Baldíos recuperados a favor de la Nación. 3. Provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la Reserva Forestal. 4. Inexplotadas, 5. Adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública y 6. Donadas.

El objetivo era contar con 3 millones de hectáreas durante los primeros 12 años para distribuirlas entre población desplazada y campesinos afectados por la violencia. Sin embargo, en los últimos años apenas se han entregado a las víctimas 30.318 hectáreas de tierra de los 3 millones que Colombia se comprometió a entregar, es decir, que no se ha cumplido ni siquiera con el 1 por ciento de lo pactado, lo cual ha sido señalado incluso por las Naciones Unidas como un fracaso de la extinción del dominio y en especial de la Ley 1708 de 2014, que no ha arrojado resultados para quitarles los bienes a los delincuentes.

Ante esta situación, resulta un acierto que el Gobierno Petro haya decidido retomar lo pactado en el Acuerdo Final, en vez de hacer una reforma agraria desde cero. También es un gran acierto hacer un acuerdo con Fedegan para la compra de tierras en todo el país, destinadas a la reparación. La asignación de estas tierras puede, además, calmar las aguas por las invasiones que se están presentando en gran parte de Colombia y buscar llegar a acuerdos que beneficien a miles de campesinos, sin afectar la propiedad privada.

Sin embargo, los procesos de extinción del dominio no avanzan. El cuello de botella se encuentra en los juzgados de extinción, cuyo número es totalmente insuficiente y en cuyos despachos se acumulan miles de expedientes en procesos engorrosos creados por una ley que solamente favorece la impunidad y a los abogados que se dedican al litigio en ese campo y que se volvieron expertos en entrabarlos. Hay que decirlo claro y directo: la Ley 1708 de 2014 ha sido un rotundo fracaso, que hay que revisar.

La extinción de dominio debería ser un trámite sencillo, incluso un incidente en el proceso penal para que realmente funcione. ¿Para qué hacer 2 procesos si se puede hacer todo en uno solo? Si ya hay uno de tipo penal que determina que se cometió el delito, no debe haber mayores enredos en declarar la extinción en un incidente que demore meses y no un proceso que se ha convertido en una verdadera pesadilla llena de recursos.

Si no se simplifican estos procesos será imposible la estrategia de entrega de los bienes a las víctimas que se propone y el Gobierno tendría que gastar billones de pesos comprando tierras mientras los delincuentes siguen disfrutando del producto de sus crímenes.

Buen mensaje da el presidente Petro, cuando se sienta con sus antagonistas históricos y construye consensos, esa es la llave maestra de una ‘paz total’.

LUIS FELIPE HENAO

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