La agenda regresiva de Rusia

Como ciudadana reitero mi condena y rechazo la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. Tal como lo manifesté hace un año en la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas, en calidad de Vicepresidenta y Canciller, la Federación Rusa no puede condenarnos a una agenda regresiva en la que grandes imperios florecían a costa de imponerse sobre los derechos de otros pueblos. El mundo no quiere y no va a aceptar este retorno al pasado, máxime después del último mensaje de Vladimir Putin a la Asamblea Federal, dejando en evidencia su talante.

La nación rusa durante décadas ha contribuido de muchas maneras a la evolución de la humanidad y también a la construcción del edificio del derecho internacional, desde las Conferencias de la Paz de La Haya, la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas, hasta el Acta General de Helsinki, que condena todos y cada uno de los actos de los que el actual Gobierno ruso es protagonista.

No podemos permanecer indiferentes frente a este drama que amenaza la paz y seguridad global. El saldo que tenemos 12 meses después es un evidente pánico económico en el mundo, detonando en el aumento desproporcionado del precio de los productos básicos energéticos y de alimentos en el mercado internacional. Esta guerra ha disparado la inflación mundial y ha asestado un nuevo golpe al abastecimiento y a la recuperación económica que necesitamos todas las naciones.

Las consecuencias jurídicas de la invasión también son evidentes e insoslayables a la luz del régimen actual de responsabilidad internacional estatal, adoptado por la Comisión de Derecho Internacional hace 21 años. El Gobierno de Rusia debe responder internacionalmente por las consecuencias humanitarias, económicas, jurídicas y de toda índole, del hecho ilícito internacional en el que ha incurrido. Su ofensiva atenta contra normas internacionales imperativas o de ius cogens, quebrantando el principio de que ningún Estado debe ser objeto de amenazas o uso de la fuerza que atente contra su soberanía, su independencia política o su integridad territorial.

La humanidad necesita resultados tangibles en materia de estabilidad, orden y paz global. En consecuencia, la Corte Penal Internacional es vital y en gran medida dependemos de sus actuaciones en relación con los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio que se hayan podido cometer en territorio ucraniano. Esta es una cuestión a la que todos los Estados parte en el Estatuto de Roma deben hacer seguimiento.

En el mismo sentido de lo que manifesté ante Naciones Unidas en febrero de 2022, debo volver a enfatizar que las sanciones tímidas y graduales ya han mostrado su estruendoso fracaso reciente en algunos casos, de todos conocido. En algunos países latinoamericanos, dichas sanciones terminan siendo simbólicas y se han traducido en la creciente violación de los derechos humanos, la restricción de las libertades políticas y la libertad de expresión, en regímenes totalitarios que carecen de un Gobierno elegido democráticamente por sus ciudadanos.

Hay un gran desconcierto internacional frente a la eficacia del multilateralismo para conjurar una evidente amenaza a la paz y la estabilidad mundial. Naciones Unidas se sometió a una ácida prueba que no ha logrado manejar, puesto que, lo que debería ser la génesis de procesos concluyentes, simultáneos e integrales de sanciones económicas, como medio para presionar la suspensión de las ofensas al Derecho Internacional, se convirtió en un año de inacción.

Por último, el Gobierno Nacional no puede olvidar que Colombia es copatrocinador principal de la resolución que condena a Rusia por la invasión a Ucrania, porque más allá de las afinidades ideológicas o pretensiones geopolíticas, la paz total debería considerar la importancia de la paz global.

MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN

Ex Vicepresidenta y Canciller de Colombia