Contrarreforma laboral

Como lo relato en el libro Cómo avanza Colombia, la reducción de los sobrecostos a la nómina y las contribuciones a la seguridad social aprobada en la Ley 1607 de 2012 no fue producto del azar. Años de rigurosas investigaciones sobre el mercado laboral colombiano, realizadas por excelentes académicos colombianos y extranjeros (entre ellos, nuestra compatriota Adriana Kugler, nominada ayer por el presidente Biden a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal), habían llegado a la misma conclusión: los altos costos laborales existentes en Colombia eran el principal estímulo a la informalidad y, por lo tanto, a la precarización del empleo. Para evadir y eludir las cargas sobre la nómina, los empleadores recurrían crecientemente a la contratación de trabajadores sin los beneficios y prestaciones de ley.

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Esta es una historia con muchos antecedentes. Desde los años cincuenta, cada vez que se pensaba en crear nuevos programas sociales –como el subsidio familiar, primera infancia, salud, capacitación, vivienda, etc.–, los gobiernos recurrían siempre a la misma fórmula: financiarlos con impuestos a la nómina. Detrás de las buenas intenciones sociales, los trabajadores pagaban los platos rotos al alejarse la posibilidad conseguir un trabajo formal.

La reforma de 2012 puso fin a esa tendencia y redujo los impuestos y las contribuciones a cargo del empleador en 13,5 puntos porcentuales sobre el valor de la nómina (2 puntos que iban al Sena, 3 puntos al ICBF y 8,5 puntos en aportes para la salud), programas que pasaron a ser financiados con el impuesto de renta. La reforma excluyó a los trabajadores del Gobierno y aquellos con remuneraciones mayores de diez salarios mínimos, por la sencilla razón de que allí no estaba el problema de informalidad.

Este ha sido uno de los episodios más estudiados en la historia del mercado laboral colombiano. Todos los análisis han llegado a la conclusión de que la reforma contribuyó a la creación de empleo formal. Promediando los cálculos de los estudios más destacados, puede decirse que un millón de personas dejaron de tener empleos informales y pasaron a la formalidad, con todo lo que esto significa en términos de calidad de vida y mejores oportunidades.

La istración Petro, ignorando toda la evidencia existente, ha puesto sobre la mesa una verdadera contrarreforma frente a lo avanzado durante la última década.

Investigadores del grupo de estudios laborales del Banco de la República acaban de hacerle las matemáticas a la propuesta del Gobierno. Uno de los escenarios estimados concluye que se estaría borrando con el codo todo lo hecho con la mano desde 2012, con gran esfuerzo político, académico y fiscal. El país perdería entre 152.000 y 746.000 empleos formales.

El Presidente argumenta que el empleo depende de la actividad económica y no de los salarios. Se equivoca. Una mala política laboral puede neutralizar por completo el efecto del crecimiento económico sobre el empleo, bien sea porque no se generan suficientes puestos de trabajo o porque se generan empleos de mala calidad y mal remunerados, como los informales.

Con un desempleo alto, donde la ocupación como porcentaje de la población en edad de trabajar no ha recuperado los niveles de los años previos a la pandemia, el Gobierno debería preocuparse por la generación de empleo, no por aumentar los costos laborales. El Presidente y los ministros hablan mucho de diversificar la economía, pero hacen poco a la hora de aterrizar las ideas. ¿Dónde está la política industrial para transformar las energías renovables en manufacturas y alimentos con baja huella de carbono? ¿Dónde están los planes para desarrollar la producción de fertilizantes?

Sería un contrasentido que los congresistas que votaron a favor la ley de 2012 ahora voten una reforma laboral que va exactamente en la dirección contraria. Al igual que la reforma de la salud, bien haría el Congreso en archivarla y concentrarse en lo que realmente resuelve problemas, no en iniciativas que los crean. En esa línea, Gobierno y Congreso deberían darles prioridad al debate y la aprobación, con los ajuste sugeridos, de la reforma pensional, que es la única sobre la cual veo el nivel de consensos mínimo para avanzar.

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA