Por nuestros hijos

Si el gran Gabo tenía razón, y, en efecto, de la infancia no se sale jamás, ¿qué espera en la vida a los miles de niños abusados que en macabras estadísticas revela este diario? La respuesta, triste y feroz, es una cadena perpetua en “el territorio de los miedos, las incertidumbres y los fantasmas”, como él mismo describió la infancia.

Estremecen los testimonios de dos hombres, quienes, por la naturaleza de su oficio, podrían haber perdido ya toda sensibilidad. El uno, que ve cómo florece el crimen duro que acecha cada esquina de esta nación, y el otro, a quien llegan los amargos frutos de ese sangriento frenesí. El general Vargas, comandante de la Dijín, y el doctor Valdés, director de Medicina Legal, frente a una criminalidad irrestricta contra la infancia, sentencian que vivimos en una sociedad enferma.

¿A quién sorprende que las regiones donde la Violencia vibró con más furia coincidan, como calcados contra una ventana, con los departamentos con peores registros de violencia contra la infancia? ¿Qué veremos en las zonas ahora despejadas de las Farc? La revista Semana revela en su edición actual evidencias aterradoras.

Somos a la vez la sociedad más desigual de América Latina y la más feliz, el territorio con más variedad de fauna y la cuna del peor asesino en serie de niños de la historia conocida; ni Herodes tuvo el alcance de Garavito. Hacemos la paz, pero extrañamos la guerra; amamos las leyes, pero también transgredirlas; se sueña y se habla del futuro, pero se viola y asesina su semilla.

¿Quién y cómo se protege a los niños? Porque está claro que lo que hay no es, ni de lejos, suficiente. En todos los estratos se les hace daño. ¿Quién podrá olvidar a ese ángel raptado en un barrio periférico para violentarlo en uno de estrato alto? ¿No es evidente el simbolismo de estos extremos?

Proxenetas y burdeles pedófilos pululan en Cartagena. Un cartel contra la infancia en que abogados, psicólogos y peritos, entre otros, se lucran con la inocencia infantil al son de quien mejor les pague actúa rampante. Me tocó oír a un penalista decir que si él le ponía la mano encima a un proceso, no había fiscal que se atreviera a moverlo. ¿Se condena a nuestros niños, por negligencia o interés, a vivir el resto de sus vidas en un infierno? Lo que faltaba.

A la legislación de infancia y adolescencia le faltan los dientes que les sobran a algunos. Cuando hay una denuncia se inicia una larga romería y pasan al bate el paquidérmico Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los comisarios y jueces de familia y, si las cosas cambian de tono, la Fiscalía. Da esperanza que luego del caso Samboní la Fiscalía General haya formado una unidad para liderar una lucha contra esta criminalidad, pero aún está todo por hacer.

Normas ágiles, procesos justos y expeditos, estado del arte para las investigaciones y un código de ética, con duras sanciones a quienes lo transgredan contra los niños, deben estar en el menú de las nuevas normas para proteger a la infancia.

Aunque la cadena perpetua no libera al niño abusado de la propia, dará a esa baja ralea de criminales algo que temer antes de hacerlo. El candidato Duque la esgrime como política, no hemos oído al candidato Petro.

En todo caso, quien asuma el Poder Ejecutivo el 7 de agosto deberá priorizar en su agenda la protección de la única promesa real de futuro que como sociedad tenemos.

MAURICIO LLOREDA