En el tono que usa para calentar auditorios cuando –cosa rara– llega a tiempo a un evento, el miércoles el presidente Gustavo Petro levantó aplausos de decenas de campesinos en Tumaco, al acusar al expresidente Juan Manuel Santos de haber creado “un antro de corrupción” en torno a los programas de sustitución de cultivos ilícitos.
Necesitaba las palmas porque, en el evento, recibió duras críticas de los asistentes. Una campesina lo interrogó en tono agresivo: “¿Dónde está la promesa que usted le hizo al pueblo?”. Muy en su estilo, el Presidente puso el retrovisor y le echó la culpa a Santos.
Un poco de contexto: tras suspender, en mayo de 2015 y a pedido de las Farc, la fumigación aérea de las siembras de coca, a Santos se le olvidó diseñar un plan B que tuviera algo de la eficacia de la aspersión con glifosato, que había bajado los narcocultivos de 180.000 a menos de 50.000 hectáreas, en unos cuantos años.
Diseñó entonces un programa para pagarles un millón de pesos mensuales a las familias cocaleras que dejaran la mata que mata, y sembraran algo legal. Según contó Petro en Tumaco, los dineros quedaron en manos de intermediarios, nunca llegaron a las familias y la sustitución fracasó.
Petro habla de corrupción, sin aportar pruebas. Pero tiene razón en que el plan no funcionó: de 2015 en adelante, los cultivos de coca se dispararon, de las 50.000 hectáreas que había, a más de 150.000 en 2018, al terminar Santos. El gobierno de Iván Duque logró frenar la tendencia (para 2020 había 143.000 hectáreas), aunque nunca pudo volver a la controvertida pero eficaz fumigación aérea, por decisión de la Corte Constitucional.
Sin aspersión aérea, para mediados de 2022 el área rebasó las 200.000 hectáreas, un mar de coca. Petro no ha podido frenar la tendencia y la superficie sigue subiendo: el dato más reciente del Simci (sistema de monitoreo satelital de la ONU) suma 230.000 hectáreas.
Al poner el dedo en la llaga de Santos, Petro acierta en una cosa: saca a relucir los graves errores de un gobierno cuyo líder, escudado en su premio Nobel, siempre posa de inocente. Santos nunca ha respondido por el océano de coca que su decisión generó, ni por la violencia que esa coca genera. No ha respondido por eso ni por nada, pues es un experto en pasar de agache.
Los ‘falsos positivos’, el perverso mecanismo que algunos mandos militares promovieron en el segundo mandato de Álvaro Uribe, ha llevado a esos comandantes ante la Justicia, como debe ser. Uribe también carga con esa acusación, como responsable político en su condición de Presidente.
¿Y el ministro de Defensa de la época? Era Juan Manuel Santos, el jefe directo de los generales que promovieron esas criminales prácticas. Pero sus amigos en los medios –que tiene muchos– siempre lo salvan: según ellos, todos menos Santos tienen las manos ensangrentadas, todos son pecadores menos él.
Lo mismo en el caso Odebrecht. Su contendor en la presidencial de 2014, Óscar I. Zuluaga, irá a juicio penal por el ingreso de millones de dólares de la multinacional brasilera a su campaña. Y nada pasa con Santos, cuya campaña no solo recibió dinero de Odebrecht en 2014 sino que, según recientes revelaciones, siguió encajando millones de dólares un año después de la elección, mientras el gobierno Santos favorecía a Odebrecht en sus contratos.
Petro, que tanto se equivoca, en esto de los narcocultivos apunta en la dirección correcta. Y Santos, que tantas ganas tenía de ser amigo del Presidente y hasta contaba con cuota en el gabinete, debería responder por eso. Y por todo lo demás. ¿Seguirá pasando de agache?
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Inaceptable.- Hay mucho que decirle a Israel por la opresión al pueblo palestino en Gaza, pero negarse –como hace Petro– a condenar los crímenes de lesa humanidad de Hamás, implica avalarlos y hacerse cómplice de ellos.
MAURICIO VARGAS