Tragicomedia de errores

Pasé semanas tratando de entender el galimatías del gobierno de Gustavo Petro con la ‘paz total’, que, hasta ahora, solo ha producido amenazas a la población, homicidios, bloqueos de carreteras y ataques a soldados y policías, en regiones como el Bajo Cauca y el Catatumbo. Y de parte del Eln, indignantes amenazas a periodistas. Esta comedia de errores tiende a convertirse en sangrienta tragedia. Veamos.

Todo comenzó hace un año, durante la campaña presidencial, con una ofensiva de populismo judicial y pacifista. Juan Fernando Petro, hermano del candidato que lideraba las encuestas, visitó varias cárceles de alta seguridad para plantearles a capos de bandas del narcotráfico una política de paz que mezclaba, en improvisado batiburrillo, conceptos de un proceso político como indulto y amnistía, con beneficios judiciales como generosas rebajas de pena y legalización parcial de las fortunas obtenidas a sangre y fuego.

La sugerencia tácita a estos capos era que, por medio de sus vastas redes delictivas, apoyaran al candidato, pues serían muchos los beneficios que la política de ‘paz total’ les traería. Y aunque el candidato no se mezcló directamente, para los capos resultaba atractiva la invitación: ¿cómo no valorar de modo positivo que el hermano de Petro los visitara en prisión y les llevara semejante oferta?

El segundo gran error vino después de la posesión del actual Presidente y lo cometió el mindefensa, Iván Velásquez. Con sus declaraciones públicas y con la línea que dictó a los comandantes de las Fuerzas Armadas, quedó claro que no habría más bombardeos a las guaridas de estas bandas, ni destrucción masiva de laboratorios ni erradicación de narcocultivos.

El mensaje de mano tendida y pulso blandengue lo entendieron los capos como patente de corso para seguir sembrando coca, procesando y exportando cocaína, explotando minas ilegales, amenazando a la población y haciendo lo que más saben: matar y llenarse los bolsillos de dinero.

Vino entonces la tercera metida de pata. Sin haber identificado adecuadamente a los interlocutores –pues estas bandas no son estructuras con cuerpo directivo y representante legal–, el Gobierno improvisó un precoz cese del fuego bilateral que solo cumplió la Fuerza Pública, mientras estos grupos seguían, con más ahínco, en lo suyo.

El ciclo se cerró con la ley de sometimiento que el Gobierno llevó al Congreso. Es un proyecto enormemente generoso con los capos, al punto de llevar al fiscal Francisco Barbosa a decir que “Pablo Escobar y el cartel de Cali estarían felices con esta ley”.

Indignado, el Presidente rechaza esas afirmaciones. Pero otras voces se muestran de acuerdo con Barbosa. El excandidato presidencial Juan Manuel Galán habla de “total impunidad a la cadena del narcotráfico, desde cultivo, insumos, laboratorios (...), cristalizaderos (...), transporte, logística y lavado de activos”.

Pero aun con semejante regalo judicial, no deja de ser una ley de sometimiento, con una eventual temporadita en prisión para los capos. Y claro, después de tanta promesa de campaña, a ellos les ha parecido poca cosa. El pobre comisionado de Paz, Danilo Rueda, no sabe qué hacer y hasta lo graban lamentando la muerte del capo alias Siopas.

Abogados de líderes del cartel del Golfo (que ellos llaman Autodefensas Gaitanistas sin que se sepa qué demonios hizo Jorge Eliécer Gaitán, asesinado hace 75 años, para que los narcos abusen de su nombre) han dado un contundente ‘no’ a la propuesta de sometimiento, mientras exigen una “verdadera negociación de paz”.

Y como los capos se sienten engañados, ahora usarán ese cuento como excusa para seguir matando. Esos crímenes no dejarán de ser, ante todo, culpa de las bandas, pero el Gobierno, que ha actuado de manera ligera e improvisada, tiene desde ya una gran cuota de responsabilidad en la sangre derramada.

MAURICIO VARGAS

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