El adefesio

Por increíble que parezca, avanzó de modo silencioso un proyecto legislativo al que esta semana le faltaban dos debates de los ocho que debe surtir por cambiar un artículo de la Constitución, y que revivía –vigorizada– la ‘mermelada’ criminal, ese mecanismo de asignación de la inversión pública que durante casi dos décadas abrió las puertas al saqueo y operaba con los llamados ‘cupos indicativos’.

Dichos cupos nacieron con el siglo, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda y, para contentar a las mayorías del Congreso y convencerlas de votar una vital reforma del situado fiscal, se inventó unas partidas que podían ser propuestas por los congresistas para invertir en sus regiones.

Sonaba bonito, pero era veneno puro: muchos congresistas llegaban al Ministerio de Hacienda con sus proyectos bajo el brazo y –claro– con el contratista amarrado. Le llevaban esos recursos al alcalde o al gobernador, a condición de asignárselo a dicho contratista, y luego el congresista le cobraba una jugosa comisión al constructor, quien, para pagarla, aumentaba el precio de la obra o la dejaba a medias. Muchas obras quedaron inconclusas, pero el parlamentario tramitador igual se llenó los bolsillos. Una decena de billones de pesos fueron asignados así durante el segundo mandato de Santos, para pagar a los caciques la factura de su reelección en 2014.

En campaña, Iván Duque se comprometió a acabar con ese mecanismo. Y cumplió: el presupuesto aprobado por el Congreso para la vigencia 2019 fue el primero en casi dos décadas sin los billonarios cupos. Al principio, el síndrome de abstinencia casi mata a medio Congreso. La incomodidad de decenas de parlamentarios exbeneficiarios del perverso sistema explica que al presidente Duque le haya costado tanto sacar adelante sus leyes en el Capitolio. Pero valía la pena ese costo, pues, de un solo golpe, se cerró el mayor boquete para el saqueo del presupuesto.

El proyecto –moribundo, por fortuna– que revive el monstruo deja en cabeza de los congresistas la iniciativa de asignación del 20 por ciento del presupuesto de inversión. Si hubiese existido este año, unos 9 billones de pesos en contratos habrían sido asignados por los parlamentarios. Aparte de violar el principio de separación de poderes (la iniciativa del presupuesto es del Gobierno y no del Congreso), la reforma perfecciona el mecanismo de robo, pues ya ni siquiera se trata de “sugerencias” de los congresistas (como se suponía eran los cupos indicativos), sino de imposiciones consagradas como derecho constitucional de senadores y representantes.

El representante del Polo Democrático Germán Navas Talero, ponente en la Cámara, se unió a un puñado de parlamentarios de la antigua Unidad Nacional santista para revivir la ‘mermelada’, y argumentó que la iniciativa creaba un mecanismo transparente para asignar los recursos. Puro bla, bla, bla: con ese mismo cuento crearon los cupos indicativos hace casi 20 años. Y está claro que en la ‘mermelada’ hubo de todo, menos transparencia.

Ojalá que la Comisión Primera del Senado, donde este engendro surte su séptimo debate, lo termine de enterrar. El Gobierno rechazó el proyecto, y varias bancadas partidistas –empezando por la liberal– se comprometieron a hundirlo. Muchos congresistas comprendieron que, por culpa de la ‘mermelada’, hacer política se había convertido en una actividad mafiosa que, además, hizo impagables las campañas para los que no roban. Enhorabuena: y ahora, acaben de matar el adefesio.

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Insensatez. Para la Corte Constitucional, quien consume drogas o alcohol en un parque, delante de niños que juegan, ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿En qué mundo viven los magistrados?

MAURICIO VARGAS