Mujeres, hagan historia

Pueden ver la rueda de prensa de Profamilia en YouTube. Marta Elena Royo, directora de la entidad, explica el marco legal dentro del cual se garantizó el derecho a la libre intervención del embarazo en el caso de una mujer con siete meses de gestación contemplado por la sentencia C-355 del 2006.

Con paciencia, explica a los periodistas que se siguió la ruta trazada para estos casos. No, no tienen por qué explicar en detalle el procedimiento; tampoco, qué hicieron con el embrión del no nacido ni detalles sobre el domicilio de la madre. A pesar del hostigamiento, los funcionarios de Profamilia mantienen la calma, aluden al secreto profesional, hablan de confidencialidad de las historias clínicas, así como de la sexualidad y la reproducción como una vivencia íntima e individual.

En 2018, Colombia tuvo la tasa más alta de violencia sexual registrada en los diez últimos años. Medicina Legal registra más de 22.000 mujeres abusadas sexualmente. De ellas, 41 % tenían entre 10 y 13 años. De 9.000 menores, más de 5.000 resultaron embarazadas como producto de una violación. Si bien hay cientos de casos documentados de autoridades que humillan, hostigan y se niegan a atender a la paciente, aun si cumple con las causales de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, antes del 2006 la situación era mucho peor. Entonces ninguna entidad cumplía con el mandato legal que hoy día cobija el aborto en los tres casos aprobados.

A partir de la sentencia C-355 se abrió una puerta para hablar abiertamente de sexualidad, de derechos reproductivos, del papel de la mujer en una sociedad como la nuestra, de la maternidad no como un castigo, sino como una alternativa en la que la mujer está en potestad de decidir sobre su proyecto de vida y sobre su cuerpo. En pocas palabras, salimos del oscurantismo, pasamos del discurso retrógrado donde decir ‘aborto’ era un pecado o un tabú, a entender que la tendencia global es a la legalización de lo que se considera un tema de salud pública.

En todo caso, no somos mujeres de clase media ni alta las que estamos siendo judicializadas, perseguidas y maltratadas por querer hacer cumplir nuestros derechos. Para nosotras hay alternativas distintas a poner nuestra vida en peligro. Son las más pobres, las despojadas, las que han sufrido maltrato intrafamiliar, abuso sexual, las que no conocen sus derechos, las que viven en zonas apartadas, las que no saben que una ley las protege, quienes seguirían siendo violentadas por una legislación que, desconociendo el contexto de país, las sometería a una maternidad impuesta a la fuerza.

A diferencia de los periodistas en la rueda de prensa de Profamilia, lo que yo me pregunto frente al sonado caso del hombre demandante por la interrupción del avanzado embarazo de su pareja es por qué él, si realmente “tanto la quería”, ahora somete a su ex mujer al escarnio público mientras busca encarcelarla alegando ser “un defensor de la vida”.

A los hombres que dicen defender la vida hay que recordarles que muchos, si no todos los que estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, somos defensores y defensoras de la vida. Buscamos, eso sí, que la vida se genere sin violentar a nadie. Es por eso que, para conseguir una sociedad más equitativa, con mayor justicia social, necesitamos, junto a la garantía legal del aborto sin restricciones en las primeras 16 semanas de gestación, educación sexual en los colegios, a anticonceptivos, empatía, comunicación, confianza en las mujeres, en nuestro criterio, en nuestra capacidad de tomar decisiones que nos benefician no solamente a nosotras, sino también a la sociedad.

Si bien los hombres son aliados indispensables en un cambio de paradigma hacia una sociedad más justa, son ustedes, mujeres magistradas, quienes tienen hoy la última palabra.

MELBA ESCOBAR