Miedo a la intrascendencia

El presidente Gustavo Petro tiene miedo. Pero no de lo que repite cada semana en aburrida cantaleta: el golpe de Estado, ese fantasma que solo él ve. ¿A quién se le ocurre que haya un golpe de Estado porque el Consejo Nacional Electoral cumpla su función e investigue las finanzas de una campaña presidencial donde la evidencia indica que hubo violación de los topes establecidos por la ley, aportes multimillonarios de personajes oscuros que –según decía Armando Benedetti– “no eran emprendedores”, viajes de campaña en aviones privados cuyo piloto acaba de ser condenado por narcotráfico, y montañas de aportes en efectivo y en especie no declarados?

Explicaba el presidente del CNE, César Lorduy, que lo máximo que puede hacer la entidad es imponer una multa a los responsables: el presidente de Ecopetrol y otrora gerente de campaña, Ricardo Roa –que hace rato debió renunciar, por mera dignidad–, y el propio Petro. Decir que esto es un golpe de Estado equivale a que un automovilista, al que van a multar por volarse una luz roja, asegure que lo van a condenar a prisión de por vida. Puras necedades.

Pero Petro sí tiene miedo. Y por eso, cada vez que un tribunal o una alta corte tumba una de sus decisiones o lo obliga a rectificar alguna de sus ligeras afirmaciones en la red X, asegura que está en marcha “un golpe de Estado blando”. ¿Cómo va a ser golpe de Estado –blandito o no– que las instancias judiciales cumplan con su deber de aplicar la Constitución a la hora de tumbar leyes y decretos que se la pasan por la faja, o de ordenarle al Presidente, en fallos de tutela, que no insulte a los opositores o que rectifique evidentes mentiras?

La Corte Constitucional acaba de derogar la facultad del Instituto de Vías Regionales (Invir) de asignar contratos a dedo, sin límite de cuantía, con “comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social (...) para el desarrollo de proyectos, e infraestructura vial”.

Contratar a dedo –algo que Petro criticaba a diario cuando estaba en la oposición– es práctica común de su gobierno. Un informe de la Unidad de Datos de EL TIEMPO reveló el martes que $ 16 billones han sido entregados así este año. Son 85.000 contratos asignados a quien al funcionario respectivo le dio la gana. Eso sí es un golpe, un asalto a plena luz del día a las arcas de la Nación. Para la muestra, un botón: una tal Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, empresa periodística, recibió $ 5.505 millones para mejorar unas vías en Necoclí, Antioquia. ¡Eran comunicadores y se volvieron ingenieros en un minuto!

En el Congreso, donde todo se sabe, muchos creen que esos recursos buscan engordar la caja del candidato petrista para las elecciones de 2026. Claro, los que no se roben los improvisados contratistas de este enorme y descarado festín de plata pública, uno de los más escandalosos de la historia del país (y aquí ha habido unos muy graves). En buena hora la Corte Constitucional derribó semejante adefesio jurídico y fiscal. No fue un golpe de Estado sino quizás un tramacazo a las finanzas del petrismo en 2026.

A esas decisiones de los altos tribunales, no al golpe de Estado, le tiene miedo Petro: para él, no reelegir a un sucesor de su cauda sería la plena confirmación de su falta de trascendencia. Su gobierno ha destruido mucho y ha sido incapaz de construir. Frenó el petróleo y el gas, pero poco ha avanzado en los proyectos de energía renovable. Arrasó el sistema de salud, que mal que bien funcionaba, y no ha sido capaz de activar uno que medio opere. Dejó de lado los proyectos de autopistas dizque para hacer vías terciarias, y estas tampoco han arrancado. A eso se reduce el cambio. De ahí que el Presidente tenga miedo, mucho miedo, de acabar su mandato en la intrascendencia total.

MAURICIO VARGAS

IG: @mvargaslinares

(Lea todas las columnas de Mauricio Vargas en EL TIEMPO, aquí)