La materialización de la no discriminación

Los homicidios de Leidy Sánchez y Luisa Fernanda Zuleta, patrulleras de la Policía Nacional, conmovieron profundamente al país, porque junto con otros 34 jóvenes fueron víctimas de las organizaciones armadas ilegales, que sobre la base de un poder económico ilícito e ilimitado han puesto precio a la vida de quienes hacen parte de la institución, cuyos son el o más próximo del Estado con la comunidad.

Miles de jóvenes buscan, año tras año, un cupo para ingresar a las escuelas de formación de la Policía, muchos ofreciéndose como auxiliares inicialmente, con la intención de convertirse luego en patrulleros e iniciar una carrera de nivel ejecutivo o profesional.

Más de 35 millones de procedimientos al año adelantados por la Policía en actividades de inteligencia, investigación, prevención, control, vigilancia, grupos especiales, generan grandes vulnerabilidades para sus 168.000 que, distribuidos por todo el territorio nacional, tienen el propósito de garantizar la convivencia, el respeto por los derechos humanos y las libertades públicas.

Las mujeres en la Policía Nacional llevan casi 70 años. A la par con el reconocimiento del derecho al voto, se dio el ingreso de las mujeres a la Fuerza Pública, logrando a hoy un componente femenino de más de 30.000; es decir, 18 por ciento de la institución que asume todas las actividades sin discriminación alguna, desde auxiliares, agentes, patrulleras, suboficiales, mandos ejecutivos y oficiales, entre quienes sobresalen 319 indígenas, 1.289 afrodescendientes y 44 raizales.

Se destacan en grupos operativos como Gaula, Esmad, antiexplosivos, erradicación, pilotos y en actividades de convivencia. Ejemplo de ello es la labor de la sargento mayor Flor Maldonado, en un centro educativo de Ciudad Bolívar, en Bogotá, dedicado a la protección de niños expuestos a los riesgos de la violencia, o la vida de la general Jacqueline Navarro, directora nacional de escuelas de formación de la Policía. En últimas, las mujeres policías cargan con el sacrificio de una vida normal, en medio de los desafíos de cumplir con las exigentes condiciones de disciplina de la carrera.

La acción de los narcotraficantes del ‘clan del Golfo’, que en algo más de un mes ha dejado 115 atentados criminales contra la Fuerza Pública, fue diseñada para fortalecer su posición frente al anunciado proceso con el nuevo gobierno, que deja sobre la mesa, nuevamente, la discusión en torno a la aplicación de la justicia versus la impunidad.

Son dos las propuestas del gobierno entrante, a las que debe colocar lupa la opinión pública:

¿Es éticamente aceptable que se adelanten nuevos procesos de diálogo y concesiones a delincuentes encaminados a suspender la aplicación de las normas penales sobre la sangre derramada por de la Fuerza Pública, en aras de bajar las confrontaciones armadas?

¿Tiene sentido la creación de un nuevo ministerio para sacar a la policía del de Defensa? El solo argumento de su naturaleza civil deja de lado la gravedad de la criminalidad que en Colombia se nutre de economías ilícitas, cuya desarticulación es obligación del Estado, como garantía para la soberanía y la seguridad de la población.

Las guerreras policías están listas a dar la vida por su tarea, pero la fortaleza de todas las fuerzas armadas requiere del apoyo ciudadano, de la consideración y el valor que se da a su existencia y exige acciones combinadas y articuladas, según lo prevé la Constitución Política. La Fuerza Pública está conformada por hombres y mujeres que, a pesar de su formación, entrenamiento y valentía, son víctimas permanentes de atentados físicos y morales por bandidos que se camuflan en medio de discusiones políticas.

Las decisiones sobre las reglas de juego para la convivencia, la seguridad y la defensa nacional requieren consensos de toda la sociedad.

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

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