El Congreso entra a sesiones extraordinarias hasta el 15 de marzo para empatar al día siguiente con el periodo ordinario. El Gobierno ha venido ambientando un paquete de reformas que cree necesarias para su promesa de cambio.
Como la ideología gubernamental considera que es el Estado el que debe manejar los recursos destinados a la prestación de servicios, se trata de la contrarreforma a la Constitución de 1991 que permitió a los privados involucrarse en garantizar el a salud, pensiones, servicios públicos, vías y aeropuertos y a invertir en industrias como turismo, transporte y telecomunicaciones.
La propuesta ahora es que el Estado sea el que directamente maneje los recursos financieros destinados a la garantía de derechos y a la prestación de servicios básicos, y que los recursos naturales los exploten comunidades lugareñas sin que sea prioritaria la calidad y la sostenibilidad financiera. Además, da el Gobierno colombiano el primer paso en el mundo para el decrecimiento económico que lleva a frenar el desarrollo como supuesto de protección ambiental. Obviamente esta tesis tiene en alerta roja a empresarios, académicos, técnicos de diversas áreas de la economía, la política y el derecho.
La definición del juego está en manos del Congreso. Es el que puede exigir debates argumentados y presentar proposiciones que modifiquen artículos que signifiquen materializar riesgos de desestabilizar lo que funciona adecuadamente.
Si bien es cierto que la atención se ha centrado en la reforma al sistema de salud, ahora debe convocarse al seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Este instrumento es el marco de la ventana que permite ver el paisaje en un horizonte de cuatro años. La senadora Paloma Valencia, a través de Twitter, señaló una serie de propuestas que generan discusión porque van en la línea de la ideología que mueve al Gobierno.
Mientras los debates se dan en redes, medios de comunicación, instituciones, reuniones académicas y políticas, al grueso de la población no le llegan los temas. Su preocupación se centra en cómo lograr ingresos para sostener a la familia, máxime cuando los precios, especialmente de los alimentos, están por las nubes. En las zonas urbanas se vive del rebusque, es decir de la economía informal y en las áreas rurales se clama porque el esfuerzo de trabajo de lo que tienen a mano, se vea reflejado en bienestar para sus familias.
La tarea que viene es de rápida acción. Los partidos políticos pueden contener los riesgos si abren canales de escucha y participación, para que propuestas sensatas con respaldo técnico y sensibilidad social se impongan ante las ideológicas que pretenden llevar a Colombia a modelos fallidos que han empeorado la situación social de millones de personas en Latinoamérica. Ya se probó el semestre pasado que son posibles consensos en torno a intereses comunes, con votaciones de la oposición, independientes y hasta sectores de Gobierno.
Se necesitan más voces en la discusión pública. Más allá del Congreso, los liderazgos regionales deben salir al escenario a opinar, discutir, proponer y señalar el rumbo a millones de personas que están desconectadas con lo que pasa en Bogotá.
Los empresarios tienen un papel importante. Finalmente, el modelo económico y sus inversiones están en juego. Muchos se pueden ir de Colombia; sin embargo, no deben ser sus intereses particulares lo único que importa. Está de por medio el país, conformado por territorio y la gente, en el que quedan familia, amigos, el pasado y la nostalgia de un entorno que dio oportunidades. ¿Cómo abandonarlo a su suerte?
Hay que construir tejido social. La sociedad consciente, formada, educada, es la barrera que hará frente a la polarización ideológica que lleva a la desestabilización y a la violencia.
Que busque cada persona cómo se involucra en las decisiones que definen lo que viene.
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ