Solidaridad real con Ecuador

Hay que celebrar la categórica declaración de las autoridades en relación con los recientes sucesos de orden público ocurridos en Ecuador, que amenazan su convivencia democrática. Por razones fraternas y de corresponsabilidad, Colombia está en el deber de ofrecerle al hermano país “todo el apoyo que se nos solicite”, como lo expresó el jefe del Estado.

Desde hace tiempo, los límites con Ecuador se convirtieron en una frontera porosa al servicio del narcotráfico, desde cuando la guerrilla colombiana se instaló en ese territorio –con el beneplácito de dirigentes de ese país–, y los carteles de la droga evidenciaron que, por los fuertes controles en los puertos colombianos, les era más provechoso exportar la cocaína desde los puertos ecuatorianos y no necesariamente a través de la costa nariñense.

Esta situación se benefició con los subsidios a la gasolina existentes a favor de los pescadores artesanales del Ecuador, lo que hizo más rentable la utilización de sus lanchas rápidas para sacar la droga por el Pacífico, con destino a Centroamérica y México, teniendo como objetivo final los Estados Unidos y Europa. Insólito pero cierto, los subsidios a la pesca terminaron consolidando el narcotráfico en Manabí, Manta y otros puertos pesqueros ecuatorianos.

Afianzada esta ruta ilegal, le cayó al Ecuador otra plaga: la de los narcocultivos, que siempre fueron un exitoso emprendimiento colombiano, como puede ilustrarse con la situación de Tumaco, convertido en el municipio con mayor número de hectáreas ilícitas del mundo. Distintos estudios afirmaban que del lado ecuatoriano no había siembras ilegales porque la propiedad sobre la tierra estaba formalizada y los campesinos no estaban dispuestos a exponerla, en contraste con la proliferación de los baldíos en Colombia, que facilitaba que los colonos cultivaran coca, sin arriesgar propiedad alguna. Aun así, la rentabilidad del negocio y el poder corruptor e intimidatorio de los narcos lograron que la coca creciera también en suelo ecuatoriano.

Toda esta situación, favorable al narcotráfico, se consolidó gracias a la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, por parte del presidente Correa, para que Colombia suspendiera la fumigación de los cultivos de coca en la frontera, que surgió del Plan Colombia, acción ambientada por las ONG y las marchas campesinas de la guerrilla. Alegaban graves daños a la salud y al medio ambiente. En este marco, Colombia se obligó a mantener una zona de exclusión de diez kilómetros en los departamentos de Putumayo y Nariño en Colombia, colindantes con las provincias ecuatorianas de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. Así, esta franja fronteriza se convirtió en un santuario del narcotráfico. Los resultados de esta decisión, que tanto celebraron los cancilleres de los dos países, están a la vista.

En este contexto, surgieron en Ecuador unas bandas de narcotraficantes que, a semejanza de las mafias colombianas de los años 90, han apelado a la barbarie para mantener sus negocios e imponerse frente a la ley. Su terrorismo no es nuevo. Se recordará que en el 2018, el grupo de alias Guacho, un disidente de las Farc neutralizado ese mismo año por el Ejército colombiano, colocó el primer carro bomba contra una estación de policía en Esmeraldas. Lamentablemente se dejó pasar un tiempo precioso, antes de enfrentarlas con decisión.

Si realmente estamos dispuestos a apoyar a Ecuador, el Gobierno tendrá que intervenir el bajo Mira, por donde se comunica el narcotráfico binacional, y revisar su política antinarcóticos. El aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, que hoy pueden bordear las 300.000 hectáreas, bien contadas, constituye una amenaza creciente para ese país, cuyo territorio se usa para la salida de la droga colombiana. Además, será necesario decidir si, finalmente, se le otorgarán beneficios extremos al crimen organizado, que permea a Ecuador y es el responsable en Colombia de la creciente inseguridad y del asesinato de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz. Y, por supuesto, habrá que ser mucho más exitosos en la lucha contra la creciente economía emergente, que destruye actividades productivas formales y financia a estos grupos delincuenciales. Es un asunto de corresponsabilidad. Lo demás es retórica.

Taponazo. Finalmente, el país conoció a la ministra del Deporte.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ

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