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Narcotráfico: enemigo de la Paz Total

Más grave que el liberacionismo regulado es la ausencia de acciones contra los cultivos ilícitos.

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La Colombia Humana pone todos sus huevitos en la denominada Paz Total, de cuyos resultados, lamentablemente, pocón... pocón. En el país han continuado en aumento las masacres, los secuestros, el reclutamiento de menores y los asesinatos de líderes sociales e, inclusive, miles de familias siguen siendo víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento, en los territorios del conflicto.
En contraste, la Paz Total ha alimentado titulares sobre pagos espurios para colar narcotraficantes en listados que les permitan escapar de la extradición, sin que las explicaciones que se han ofrecido oficialmente aclaren del todo lo que ha venido ocurriendo. Por el contrario, se dice que las autoridades americanas ya poseen información concreta sobre el particular, aunque en su momento dirán que todo es resultado de un “entrampamiento”.
El fracaso de la Paz Total es producto
de la ausencia de
una política gubernamental contra el narcotráfico. Solo falta que se legalicen los cultivos ilícitos con las facultades del Plan de Desarrollo
La Paz Total también terminó enrareciéndose con el anuncio del cese del fuego bilateral, que –según los reclamos de distintos gobernadores y alcaldes– ha sido una verdadera frustración. Todos los analistas coinciden en que el cese del fuego fue una concesión inoportuna del Estado, sin compromisos ciertos por las partes y sin los protocolos de verificación que se imponen en estos casos. El joven comisionado de Paz tendrá que entender que su oficio es negociar en la mesa y no entregar beneficios por fuera de ella, a cambio de nada.
El fracaso de la Paz Total es producto de la ausencia de una política gubernamental contra el narcotráfico.
Más grave que el liberacionismo regulado que proponen es la ausencia de acciones concretas para impedir que los cultivos ilícitos sigan creciendo y que los traficantes, llámense guerrillas, bandas o carteles mexicanos, sigan moviéndose a sus anchas en los territorios en los que están imponiendo su ley y conservando, a sangre y fuego, los corredores que utilizan para el tráfico de drogas. Hay que oír a la ciudadanía y a las autoridades regionales: todos afirman que allí no habrá paz mientras no se enfrente el narcotráfico.En medio de esta realidad, el fiscal Barbosa denuncia con valor que la Policía y el Ejército han bajado la guardia contra los narcos, lo que se refrenda con la noticia del ministerio de defensa según la cual, entre sus ‘logros’ del mes de enero está que no erradicaron ni una hectárea de coca. Es decir, hacen todo lo necesario para lograr que Colombia alcance las 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que dará lugar a una industria criminal de tal tamaño que terminará siendo incompatible con el propósito de la paz.
Por si fuera poco, en el plan de desarrollo se faculta a la Presidencia a prorrogar los acuerdos de sustitución ya celebrados en el Programa de Sustitución (Pnis), hasta por el término de implementación del Acuerdo de La Habana. La idea que gravita al respecto es tolerar por mucho más tiempo las siembras ilegales, hasta que finalmente existan programas de reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola.
Lo único que falta es que legalicen los cultivos ilícitos. Mientras en el artículo 375 del Código Penal se tipifica como delito el cultivo y la conservación de plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina o heroína, el Plan de Desarrollo solicita facultades extraordinarias para que el Presidente regule los usos alternativos de la planta de coca y del cannabis, lo que podría dar lugar a que si las normas reconocen usos lícitos no regulados para estas plantaciones, estas dejen de ser punibles. ¿Podremos terminar legalizando estos cultivos, sin discutir democráticamente semejante salto al precipicio?
En estos términos y con los proyectos que se cocinan estableciendo beneficios inéditos para los narcos, la Paz Total será una quimera. Una pena.
Taponazo. Por el “principio de no repetición”, el marco jurídico para la paz (A. L. 1/17 y ley estatutaria de la JEP) establece que quienes, habiendo suscrito el acuerdo de paz, decidan alzarse nuevamente en armas como rebeldes quedan sujetos a la justicia ordinaria y pierden “el al tratamiento especial” (sentencia C-080/18). Por esta razón, su único camino es el sometimiento, como lo sostiene la secretaría jurídica de Palacio.
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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