La ‘desmovilización’ de ‘los Urabeños’

Ahora que los delincuentes se acercan a la JEP a contar sus ‘verdades’, con propósitos bien conocidos, el país tiene derecho a conocer el detalle de lo que se denomina por estos días la “fallida desmovilización” del ‘clan del Golfo’. Este novelón empezó en el momento en el que el senador Iván Cepeda, desde el 2015, lideró un acercamiento entre el Gobierno y los capos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con quienes mantenía fluida comunicación (ver nuestra columna ‘El sastre’, del pasado 31 de octubre). Hablaban de su “acogimiento a la justicia”, dado que era indigno referirse a su “sometimiento”.

La “propuesta de agenda”, que se trasmitió a las autoridades, con el concurso de Cepeda, consta en un documento de 13 páginas, en el que ‘los Urabeños’ proponían una verdadera “negociación”, con agenda especial, inspirados sin duda en lo que venía ocurriendo con las Farc, para ese momento. La propuesta contemplaba sitios especiales de reclusión en lugares próximos a sus familias, el a medios de comunicación “ilimitados”, la excarcelación plena de sus de base y la prohibición de la extradición.

El Gobierno estuvo de acuerdo en iniciar los acercamientos, bajo el principio de que no se trataba de un diálogo político y lo condicionó, preliminarmente, a que existieran gestos de paz, se diera el desmantelamiento de sus actividades de narcotráfico y, como primera prueba, se suministrara el listado de agentes del Estado cooptados por la organización criminal.

La primera frustración estuvo relacionada con el número de del ‘clan del Golfo’ que serían judicializados. Inicialmente manifestaron que “censarían” a 10.000 hombres, posteriormente limitaron su número a 4.000 –cifra de la que hoy se habla– y, finalmente, concretaron en apenas 200 el número de hombres que se concentrarían inicialmente.

Aunque preliminarmente aceptaron entregar los nombres de los oficiales que colaboraban con su organización, más adelante se desdijeron de este compromiso, alegando razones de seguridad. Pero la tapa del desencuentro fue el asunto del narcotráfico. Se les exigía la entrega de las rutas y la erradicación absoluta de los cultivos ilícitos, lo que resultaba apenas elemental. A las pocas semanas manifestaron que ellos no participaban en actividades de narcotráfico, carecían de cultivos ilícitos propios y se limitaban a “cobrar impuestos” a los narcotraficantes. Esto era contraevidente. Inclusive, el alto Gobierno manifestó que había informado personalmente al presidente Obama que el ‘clan del Golfo’ era responsable del 30 % del narcotráfico en Colombia y ahora no podía salir con este “chorro de babas”.

Mientras se llevaba a cabo este simulacro de os, el inteligente y audaz general Vargas obtenía paralelamente evidencias documentales de que los capos de este clan desinformaban a sus bases, comunicándoles que habían logrado la no extradición y que su reclusión se cumpliría en unos verdaderos ‘chalets’ agrícolas, que recordaban los tiempos de Escobar.

En estas condiciones, la Fiscalía limitó su intervención para cuando correspondiera la judicialización colectiva de los desmovilizados, como resultado de un proceso cuya conducción debía corresponder exclusivamente al Gobierno. Así se definió, inclusive, en la Ley 1908/18. Por ello, el vicepresidente Óscar Naranjo asumió las conversaciones y, afortunadamente para la historia, dejó en memorias documentadas decenas de reuniones que realizó a partir del 9 de mayo del 2017. Por ello, no puede afirmarse que fue la Fiscalía la que no dejó avanzar esas negociaciones que “hubiesen producido una dejación de armas por parte de 4.000 a 5.000 hombres”. Priorizamos la defensa del orden legal, como lo hizo igualmente el general Naranjo. Hoy la cúpula de las AGC está neutralizada. Aunque hay quienes prefieren que siempre claudique el Estado.

Taponazo: Sigue el libreto... ofreciendo “verdad” ante la JEP, porque la ley estatutaria permite frenar la extradición a quienes “colaboran” con ella. ¿Contento el senador Cepeda?

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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