Otra semana de pasión y dolor para nuestra Fuerza Pública

Estos incidentes se suman a las recientes críticas del Presidente hacia el Ejército, al señalar una supuesta pérdida de un millón de armas, aunque posteriormente aclaró que se trataba de municiones. Tales declaraciones menoscaban la moral, credibilidad, confianza y legitimidad de nuestras Fuerzas Militares, lo cual impacta negativamente en su motivación en un momento crucial para combatir la multiplicidad de amenazas que enfrenta la seguridad en cada vereda y en cada barrio de Colombia.

Ninguna amenaza debe subestimarse y las recientes declaraciones del Ministerio de Defensa parecen minimizar la gravedad del aumento del delito de extorsión. Es imperativo considerar todas las estrategias para neutralizar la capacidad de causar daño a la seguridad de los colombianos. La democracia es el pilar fundamental de nuestra sociedad y el cimiento de nuestro futuro.

Aquellos que minimizan los fenómenos urbanos de violencia y delitos, como la extorsión, e incluso aquellos funcionarios que, si bien reconocen el aumento cuantitativo de este delito, ignoran su gravedad, pasan por alto el impacto negativo que tiene no solo en las víctimas de la extorsión, sino también en sus familias, en comunidades enteras y en la competitividad del país.

Sin reducirse la violencia en los territorios rurales, ahora los ciudadanos de territorios urbanos sufren dinámicas extorsivas en proporciones sin precedentes y con modus operandi sin precedentes, al punto de que a la vista de todo el mundo dan muerte a la víctima que se niega a pagarles una extorsión o le destruyen su vivienda o su negocio, a la vista de las comunidades atónitas, como recientemente vimos que sucedió con una mujer en Barranquilla, lo cual genera una afectación a la salud mental e integridad física de las víctimas, sus familias y su comunidad, pues los vecinos del barrio y de la cuadra se sienten igualmente impotentes y amenazados.

Según cifras del Sistema de Información Estadístico de la Policía Nacional (Siedco), este delito en Colombia ha aumentado considerablemente en los últimos años, con un crecimiento del 20,5 por ciento entre 2020 y 2023. Durante el último año se

reportaron un total de 10.560 casos, lo cual es alarmante, y coincide con la crisis de gobernabilidad en el país.

Son diferentes organizaciones criminales con diferentes prontuarios que encuentran en este delito otra fuente de financiamiento y control territorial. El país está en zozobra y controlado por el crimen organizado. La debilidad institucional crea las condiciones propicias para estas organizaciones criminales, en muchas ocasiones transnacionales.

Lastimosamente, el crimen organizado es siempre la mayor amenaza para las democracias en América Latina, y los casos de gobernantes que deliberadamente debilitan la capacidad del Estado para enfrentar a grupos criminales son comunes. Las mafias latinoamericanas han tenido éxito en capturar sectores del Gobierno y, actualmente, gran parte de América Latina vive bajo una forma híbrida de gobierno en la que tanto los Estados democráticos como los grupos criminales ejercen poder, a veces repartiendo competencias y territorio. Otras veces en colaboración. En algunos casos, la fusión de mafias y Estados ha llevado a niveles extremos de corrupción y violencia, como es el caso de Venezuela y Haití, hoy catalogadas como número uno en la esclavitud moderna. En un Estado híbrido, la línea entre gobernabilidad y criminalidad se desdibuja. Colombia aún está a tiempo de cambiar el rumbo, pero para ello hay que tener una política de seguridad eficaz, que empiece por proteger a nuestros soldados y policías para que no se repitan lo de Argelia ni la humillación presidencial al Ejército sin ninguna verificación previa, pues a pesar de aclaraciones posteriores, ya el daño a la moral de la tropa está hecho.

MARTA LUCÍA RAMÍREZ
*Exvicepresidenta de Colombia
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