'Colombia sin Fracking'

El fracking es una herramienta para extraer gas y petróleo de manera no convencional. Desde 2012, esta técnica ha sido objeto de análisis y debate en la agenda pública del país. Fue en ese año cuando el expresidente Juan Manuel Santos dio un primer paso al conformar una comisión de expertos. El objetivo de esta comisión era iniciar una ruta técnica que, basada en insumos científicos, permitiera tomar una decisión de Estado sobre la realización o no del fracking en Colombia.

Posteriormente, el gobierno del presidente Iván Duque constituyó la segunda comisión de expertos, la cual entregó insumos técnicos y científicos con claras recomendaciones para realizar los Proyectos Pilotos de Investigación Científica-Fracking (PPIC), con la única finalidad de determinar, mediante la ciencia, el nivel del riesgo que podría existir o no en materia ambiental y de salud si utilizamos esta herramienta.

‘Colombia sin Fracking’ es la propuesta del gobierno del “cambio”, liderado por el presidente Petro y, actualmente, cursa en el Congreso el proyecto de ley que prohibiría esta técnica en el país. Sin embargo, esta iniciativa carece de un estudio profundo y responsable, y obedece a una promesa de campaña —como muchas que hizo el presidente— de manera ligera e irresponsable.

Devolviendo la película algunos años, la opinión pública, académicos y ambientalistas se tornaban antifracking. Afortunadamente, la sensatez que despertó la guerra entre Rusia-Ucrania y la pandemia obligaron a darle un giro drástico a la agenda global de cambio climático y a la transición energética, poniendo en el centro de la discusión la seguridad energética como elemento fundamental de cada Estado, y evitando la dependencia energética.

Hoy vivimos un riesgo inminente de convertirnos en un país dependiente. En lo que va del año han sido tres las salidas en falso del Gobierno frente a las reservas probadas de gas y petróleo. El último informe arrojó que solo tendríamos abastecimiento hasta por 7,2 y 7,5 años de petróleo y gas y que, posiblemente, a partir del 2026 y 2028 tendremos que importar hidrocarburo al país.

Actualmente, el gas natural se ha convertido en una de las energías fundamentales para la vida de los colombianos: 11 millones de hogares consumen gas natural, lo que equivale a 37 millones de ciudadanos, de los cuales el 67 % son de estratos bajos. En el año 2000, el gas natural significaba el 24 % del suministro total de energía en la región. Para el 2020, aumentó al 31 % y el crecimiento de producción fue de manera exponencial en México, Argentina, Bolivia, Venezuela y Perú. Un caso de éxito es el de Argentina, que mediante la herramienta del fracking, logró aumentar en un 173 % las reservas probadas de gas, solo en la región Vaca Muerta.

Según un análisis de las Naciones Unidas, el gas tiene el potencial de sustituir a la energía hidroeléctrica para el año 2030, representando una oportunidad significativa para la región. Además, esta transición podría ser una herramienta valiosa para combatir desafíos como el desequilibrio social, la pobreza y la desigualdad. Estos son retos económicos críticos en América Latina, donde de sus 650 millones de habitantes, 195 millones viven en condiciones de pobreza y 85 millones enfrentan pobreza extrema.

El extremismo ideológico de izquierda podría conducirnos al fracaso como país, y el aumento del combustible es una evidencia clara de ello. Para ilustrar, analicemos la situación económica del sector taxista. Entre diciembre y agosto de 2023, hemos experimentado un alza del 38 % en el precio de la gasolina, lo que equivale a un incremento de $ 3.843 por galón. Considerando que un taxi consume un promedio de cinco galones al día, esto representa un sobrecosto diario de $ 19.215 para los conductores de transporte público individual. Al mes, estamos hablando de un desfase de $ 499.590. Aún más preocupante es la proyección para el 31 de diciembre de 2023, que indica un aumento acumulado del 62 %. Esto se traduciría en un sobrecosto diario de $ 31.215, o un impacto mensual de $ 811.590.

Dicho esto, 'Colombia sin Fracking', por una decisión errónea en el Congreso de la República, sería condenar al país a la dependencia energética. Esto nos negaría la oportunidad de aumentar nuestras reservas probadas por hasta 25 años, crear 120 mil empleos y generar ingresos superiores a los 25 millones de dólares para el país.

JUAN ESPINAL*

Representante a la Cámara por el Centro Democrático