La silenciosa violencia contra funcionarios de la justicia

Según los registros del Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos-FASOL, entre 1979 y 2023, al menos 1.262 integrantes del sistema de justicia fueron blanco de los más diversos atentados. Pese a tal dimensión de la violencia, no suele hablarse del tema. La historia del país ha estado marcada por esta realidad mucho más de lo que solemos advertir.

Cada vez que se persiguió a un funcionario de la justicia, la guerra se fue asomando como la aparente única salida de los más variados conflictos. La imposibilidad de hacer justicia ha reforzado un mensaje social de nada pasa que desvaloriza la vida. En ocasiones, esta situación estimuló la venganza o afianzó el poder de los grupos armados que disfrazaron de justicia su poder omnímodo sobre la gente.

La persecución ha estado en todo nivel. Las justicias creadas, una tras otra, han sufrido amenazas contra la vida de sus integrantes, desde Justicia y Paz, hasta la JEP; las altas Cortes han sido interferidas a través de aparatos de inteligencia y seguridad desde el propio Estado, como el DAS; comisiones judiciales enteras borradas del mapa, como la de Usme por las FARC; en Tibú por el ELN y EPL; o en La Rochela por paramilitares e integrantes de la fuerza pública. El ataque, tanto a técnicos como a superiores jerárquicos, muestra que no se ha tratado de una violencia aleatoria, sino que ha tenido como propósito asegurar la impunidad sin importar el costo.

Bajar el precio de atacar a los funcionarios al punto de no recibir siquiera un mínimo repudio social ha sido la obsesión de muchos de los actores de las violencias. Por ello, muchas amenazas y ataques se han basado en desprestigiar a los funcionarios. El algo habrán hecho, tan recurrido en contextos de guerra, ha afectado la esperanza en la justicia como posibilidad: coloquialmente, la justicia que existe es la divina.

Los ataques contra la justicia en medio del conflicto armado marcaron un desequilibrio institucional. La estrategia de tierra arrasada y el irrespeto de la vida por parte de actores armados cristalizada en el Palacio de Justicia condensan el sincretismo de guerra y sinrazón. Las torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas mostraron un desprecio por la vida y que el orden público reclamaba estar más allá de los derechos.

La falta de respuesta también ha tocado los casos de los mismos funcionarios que procuraron justicia. Ser ignorados habiendo sido parte de las instituciones ha marcado a muchos familiares que esperaban mayor acción de la justicia en reconocimiento a la valentía de sus funcionarios. Las familias en muchas ocasiones han terminado en la lista de espera en la que uno y otro integrante de los despachos se va apeñuscando con las víctimas en cuyos casos se fue la vida, sin que ningún responsable resulte jamás en el banquillo.

El imaginario de la justicia, más allá del alcance del ciudadano, ha adosado la desigualdad social, ya marcada en el país. El juzgado como un sitio lejano del común luce especialmente distante cuando no dejaron vivir en paz ni a quienes debían dar con los responsables.

Durante su mandato, la Comisión de la Verdad formuló una serie de hallazgos y recomendaciones sobre lo ocurrido con ocasión del conflicto armado entre las cuales dejó sentada la necesidad del “reconocimiento a funcionarios judiciales que dieron su vida o fueron perseguidos debe incluir la dignificación de su labor tanto como un estudio a profundidad de los procesos que llevaban y, a la vez, se deben implementar mecanismos institucionales y figuras jurídicas para el avance de dichas investigaciones”.

Por eso, reconoceremos esas dignidades en el Museo Nacional en cabeza del Ministerio de Justicia. En un acto solemne que preparamos durante los últimos seis meses con más de 100 víctimas, de todo el país, reunidas en Bogotá, Cali, Santa Marta, Medellín, Bucaramanga y en un encuentro virtual con personas en el exilio. Solemne homenaje merecen estas personas, cuya valentía hemos correspondido con tanto silencio.

CAMILO UMAÑA

Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa- Ministerio de Justicia y el Derecho.