Proteger a la población civil debe ser la prioridad

El gobierno que asuma el liderazgo del país en agosto deberá tratar algunos temas que son impostergables para la construcción de una Colombia más equitativa y en paz, dónde nadie se quede atrás. El sistema de las Naciones Unidas recopiló estos temas clave en un documento titulado ‘Una agenda común por Colombia’. El primer tema de esta agenda es posiblemente uno de los más claves y complejos: “robustecer la presencia del Estado para que garantice paz, seguridad y justicia, prevenga violencias y proteja la vida”.

Este tema incluye la necesidad prioritaria de protección de la población civil que se ha convertido en la principal víctima de la creciente violencia en Colombia, que incluye un aumento en el uso de minas antipersonal y otros artefactos explosivos por parte de los grupos armados, pese a que son armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Desde 2017 se han registrado en el país 427 víctimas civiles de minas antipersonal. Peor aún, en 2021 el porcentaje de víctimas civiles representó el 61 por ciento (92 civiles) del total. Otros artefactos explosivos también atentan contra la población civil y el caso más reciente fue la muerte injustificable de dos niños tras un atentado en el sur de Bogotá.

Además de causar heridas físicas y psicológicas, mutilaciones y muerte, los artefactos explosivos también afectan de manera devastadora a las familias de las víctimas y a las comunidades, quienes están en riesgo de convertirse en nuevas víctimas. El temor a los explosivos produce confinamientos, desplazamientos, limita el a servicios básicos y restringe el disfrute de los territorios por parte de sus habitantes.

Ante esto, hacemos un llamado a los grupos armados no estatales para que respeten los principios del DIH. Bajo ninguna circunstancia los civiles pueden ser objetivo de las hostilidades. El uso de artefactos explosivos contra civiles causa daños excesivos e irreparables, que perduran después que los conflictos han finalizado.

También llamamos al respeto de las organizaciones humanitarias que en Colombia están teniendo restricciones para acceder a las comunidades que necesitan asistencia. En cualquier escenario de conflicto, ya sea en Ucrania o Colombia, estas organizaciones se rigen por los principios de neutralidad, imparcialidad, humanidad e independencia, para ayudar a quien lo necesite, sin distinción y sin agendas que beneficien a alguna de las partes beligerantes. La labor humanitaria es imprescindible para atender a los civiles que no participan en las hostilidades pero sufren sus consecuencias.

La protección de la población civil también requiere privilegiar la vida por encima de la lucha armada y resolver nuestras diferencias por la vía pacífica. Las cifras oficiales así lo muestran. A pesar de las noticias lamentables, la situación en Colombia ha mejorado tras el Acuerdo de Paz del 2016. Como muestra, las víctimas de minas antipersonal pasaron de 590 en 2012, cuando iniciaron las negociaciones de paz, a 152 en 2021. La meta es que esa cifra se reduzca a cero.

Para evitar que los esfuerzos realizados se pierdan ante el resurgimiento de la violencia, se requiere un renovado compromiso del nuevo Gobierno a partir de agosto próximo.

Hacemos un llamado a abandonar el uso de minas antipersonal y a continuar los esfuerzos para construir una mejor Colombia para todos. Para proteger a los civiles, las Naciones Unidas seguirán apoyando toda iniciativa de paz en Colombia y abogará para que la acción contra minas facilite el desarrollo sostenible.

PABLO PARRA*

Director del Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) en Colombia.