Las grietas del régimen de los victimarios

El proyecto de paz total está haciendo agua, pero no por cualquier lado. La manera como han respondido los grupos armados ilegales a las ofertas de paz del gobierno Petro está bloqueando cualquier posibilidad de negociación. Las tomas de municipios, retenes ilegales, ataques indiscriminados a la población civil, secuestros, asesinatos y desplazamientos de poblaciones vulnerables están dejando sin piso la estrategia diseñada por el Gobierno para buscar por la vía de la negociación política a los grupos armados y del sometimiento a la justicia con las organizaciones criminales.

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Los decretos que formalizaban el “cese del fuego bilateral” con los grupos armados y las bandas criminales, lejos de propiciar un ambiente de diálogo y negociación entre las partes, no solo sirvió para que los ilegales fortalecieran y consolidaran su control territorial en buena parte del país. También condujo a un debilitamiento estructural de las Fuerzas Armadas y de Policía, por la vía de imponer límites a su actuación en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, así como de exponerlas al escarnio público y, con el argumento del cerco humanitario, permitir que se volvieran blanco de ataque de todos aquellos que, por una u otra razón, las consideraba como enemigos.

Pero ahí no está el problema. Lo verdaderamente grave de la propuesta de la paz total está en que se fundamenta en una estrategia jurídica que busca ofrecer a todo tipo de beneficios judiciales a unos actores armados que, lejos de estar dispuestos a hacer una apuesta de paz por el país, no han tenido problema en hacer daños a la infraestructura de agua potable de un municipio pobre como en Tarazá (Antioquia); minar caminos como en Tumaco; mantener comunidades confinadas y desplazadas como en Nóvita y Sipí, en el Chocó; o en Argelia (Cauca) o Nariño (Antioquia); o en continuar con el secuestro o las amenazas y muerte a los líderes sociales en distintas partes del país.

Esto es que, sin importar las afectaciones y la violencia a la que están sometiendo a las comunidades y organizaciones sociales no combatientes, el Gobierno tramita ante el Congreso un proyecto de ley de “sometimiento a la justicia”, que de entrada les está ofreciendo a los ilegales “la suspensión de la pena para los condenados por concierto para delinquir simple o agravado”, no importa si su ocurrencia implicó “graves delitos contra los derechos humanos como tráfico de personas, terrorismo o financiación del terrorismo, entre otros” (Arts. 12, 15 y 16).

Con el Art. 18 se establece la libertad condicional, incluso para quienes hayan sido condenados a 40 o 50 años por “delitos lesa humanidad, genocidio y graves violaciones de derechos humanos”. O que, como premio mayor, en el Art. 41 crea un “beneficio patrimonial” para los sometidos que entreguen voluntariamente la totalidad de los bienes cuando estos se relacionen, directa o indirectamente, con actividades ilícitas “sin exceder los diez mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (10.000) s. m. l. m. v., es decir, algo más de 2 millones de dólares al cambio del día.

Pero, como si el “sometimiento” no fuera suficiente, también puso a consideración del Congreso el proyecto de ley de “humanización de la política criminal”, en donde hace extensivo el beneficio de suspensión de la pena a los “penados por tráfico de estupefacientes y de sustancias químicas precursoras”; o para quienes cometieron delitos de lesa humanidad, genocidio o las graves violaciones de los derechos humanos, entre otras, “podrán acceder a beneficios penitenciarios como la prisión domiciliaria, la libertad condicional o el permiso de salida del penal de hasta por 72 horas”. Y cierra con el broche de oro de “despenalizar el delito de elección ilícita de candidatos”, tan necesario ahora que vienen las elecciones.

Qué paradoja. No ha sido la derecha la que tiene a Petro contra las cuerdas. Son los grupos armados ilegales, que son los primeros y únicos beneficiarios del régimen de victimarios que sus acciones violentas están agrietando.

PEDRO MEDELLÍN

Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional