Precisiones constitucionales

Más allá de las puntuales y fundadas críticas al gobierno que preside: desconexión con los ministros, baja ejecución presupuestal, prevalencia de los discursos sobre la acción, amiguismo en la integración de los mandos del Estado, descoordinación entre funcionarios, falta de tacto en el manejo de la agenda legislativa, pésimo manejo del servicio exterior, lunares en la llamada ‘paz total’, falta de control territorial, entre otros, nadie puede desconocer la gran habilidad política del jefe del Estado que no va pareja con sus condiciones como gobernante.

Durante estos meses el Presidente siempre ha puesto la agenda con propuestas que generan transitorias controversias –en las que caen casi todos los medios y los dirigentes políticos– de cuya ejecución luego se desentiende. Una prueba incontrovertible de ese olfato político fue la propuesta de una asamblea nacional constituyente.

Hemos escuchado todo tipo de “argumentos”, casi todos demostrativos de la ignorancia sobre la historia reciente del país. Por ejemplo, vuelven a aparecer en su esplendor varios de los “mitos” alrededor del proceso como se llegó a la actual Constitución –procedimiento político que desconoció la normativa vigente, cosa que casi siempre ha pasado en nuestra historia constitucional– y que arrancó con un movimiento denominado “la séptima papeleta” para preguntarle a la gente si era partidaria o no de una asamblea constitucional. Pasó de todo. La séptima papeleta, como lo certificó el registrador de la época, nunca se escrutó. Se dijo que el país era ingobernable aunque funcionaban las tres ramas del poder. Lo que en verdad existía era un grave problema de orden público, originado más por la acción de los narcotraficantes que de las guerrillas.

Los narcos habían matado a nuestros más importantes dirigentes para arrodillar al Estado y lograr que les quitaran de encima la extradición. El movimiento estudiantil –del que surgieron luego importantes líderes nacionales– se formó como protesta por el asesinato de Galán. La constituyente que de allí surgió fue la que finalmente tumbó la extradición, principal bandera de los “extraditables”.

Se dijo que la constituyente había facilitado la inserción del M-19. Virgilio Barco y su valiente ministro de Gobierno, Carlos Lemos, firmaron la paz con Pizarro en marzo de 1990, antes de la constituyente.

En la Corte Suprema la votación que autorizó el extraño mecanismo fue con una mayoría de dos votos; se argumentó que era un hecho político y que se había tenido en cuenta un comunicado de esos días del Eln anunciando que si había constituyente había paz. Todavía la estamos esperando. Ni las Farc ni el Eln participaron en el proceso.

Se afirmó que era la expresión máxima del “constituyente primario”. Los cinco millones que se expresaron en la misma elección presidencial apenas representaron el 38,46 % del censo electoral.

Y en la integración de los constituyentes apenas participó el treinta por ciento del censo electoral, la participación más baja en toda la historia del país; curiosamente, para la utilización del odiado estado de sitio como “partero” de la nueva carta política se desconoció el artículo 218 de esta, refrendado, ese sí, por el plebiscito en 1957, con la mayor participación del “constituyente primario”, pues votó el 70 por ciento del censo electoral.

Es verdad que el bipartidismo era una gran limitante, pero se le abrió la puerta al caos de hoy. En la constituyente se dijo que fue un acuerdo de fuerzas políticas. El M-19 y Salvación Nacional dejaron de existir poco después. Allí fueron elegidos expresidente, exministros, exgobernadores y exparlamentarios, es decir, la clase política y tradicional. Como nuevas fuerzas sociales solo fueron: Lorenzo Muelas y Rojas Birri, el pastor Jaime Ortiz y la mentalista Regina Betancourt. Con ayuda de la propia Corte pasaron de ser asamblea constitucional a asamblea constituyente, asumieron el papel del Congreso y revocaron uno que había sido elegido por ocho millones.

De la Constitución surgieron cosas muy buenas para el país. Otras, no tanto. Con todo, ante la extraña idea presidencial y ante tanto lugar común, la pregunta válida, que también ha debido hacerse en el 90, es la del cardenal Luis José Rueda: ¿la constituyente para qué?