Proteger la Creg, ejemplo exitoso de la institucionalidad técnica

Los ciclos políticos usualmente traen cambios en las visiones y los énfasis de política pública. Una democracia sana debe permitir las alternancias de poder entre las diferentes facciones del espectro político y facilitar que los programas de gobierno que resulten elegidos puedan implementarse como una manera de legitimar el sistema y mantener su credibilidad.

Lo anterior, en la mayoría de los Estados modernos, no riñe con la necesidad de mantener la estabilidad en algunos aspectos técnicos del funcionamiento del Estado, que se responsabilizan de mantener estables lo que podríamos denominar los signos vitales de la istración pública, sin los cuales podría colapsar la sociedad.

Por esta razón, la mayoría de las constituciones contemporáneas, adicionalmente a la tradicional separación de poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), prevén la existencia como parte de la Rama Ejecutiva del poder público, de algunos entes que, por su especialidad y relevancia en el cumplimiento de los fines de la sociedad, son dotados de un régimen de independencia y una especialización de sus perfiles.

Esta tecnocracia por definición no tiene agenda política, ni la debe tener, no busca fines cortoplacistas, no tiene aspiraciones electorales futuras y trabaja con la mirada puesta en el largo plazo. La existencia de esta tecnocracia no deber ser vista como un obstáculo para la implementación de los planes de uno u otro gobierno, sino como ese elemento integrador que mantiene los signos vitales sanos, precisamente para habilitar los movimientos del cuerpo del Estado hacia donde el respectivo gobierno quiera priorizar los esfuerzos.

Ejemplo de este tipo de instituciones en Colombia son el Banco de la República y las Comisiones Expertas, ente otras. El diseño institucional permite que los Gobiernos de turno hagan algunos nombramientos que garantizan la renovación gradual de estas instituciones, pero sin quiebres abruptos, en una combinación virtuosa de independencia, dedicación exclusiva, capacidad técnica y reflejo parcial de los acentos políticos.

Un evidente caso de éxito es la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que entre sus responsabilidades ha tenido la regulación técnica del sector eléctrico, con asuntos tan importantes como la expansión del parque generador, la aprobación de fórmulas y metodologías tarifarias, la validación de modificaciones requeridas en el modelo de cargo por confiabilidad y la regulación sobre mecanismos de participación de la demanda, entre otros.

La confianza que ha generado esta institución ha habilitado inversiones a valores corrientes por cerca de 140 billones de pesos en los últimos 30 años, solo en generación de energía. Lo anterior se ha traducido en una matriz limpia, confiable y competitiva a nivel mundial. Ese signo vital que es la energía que el país necesita para funcionar ha estado bien cuidado y monitoreado por la Creg, permitiendo al resto de ese cuerpo que es el conjunto de la sociedad colombiana emprender múltiples iniciativas sin el temor de apagarse.

Ante las grandes necesidades de inversión en el sector eléctrico para acompasar el crecimiento acelerado de la demanda y a su vez compensar la demora estructural de grandes proyectos de generación en el país, resulta evidente que la promesa de beneficios de corto plazo, fruto de sacrificar la independencia Creg, solo ahuyentaran las inversiones tan necesarias en el sector.

El actual Gobierno Nacional ha recibido una coyuntura con una Comisión llena de vacantes y tiene la oportunidad de designar a todos sus integrantes, respetando por supuesto los perfiles técnicos exigidos, pero que a su vez pueden recoger y ayudar a implementar algunas de sus prioridades de política pública. Este camino fortalecería la institucionalidad técnica, fundamental en ciertos roles del Estado, y mandaría un mensaje de confianza a la inversión pública y privada, acelerando de paso la transformación energética del país.

* Presidente de Isagén