Recién cerrada la legislatura vale la pena hacer una evaluación del comportamiento del Congreso.
Ha quedado en el ambiente la sensación de que desempeñó una tarea significativa en su tarea legislativa. Podría decirse que sí hubo discusiones importantes en relación con los proyectos de ley de reforma de la salud, de las pensiones, de la educación y laboral. No obstante esos debates, no se puede dejar de lado el examen sobre la tarea principal del Congreso, que es la del control político.
En las democracias de hoy la principal función del Congreso es la de ejercer el control político al Ejecutivo. La tarea de legislar ha disminuido en importancia en la medida en que más del 90 por ciento de las iniciativas de leyes tienen origen gubernamental. Luego la tarea que de manera autónoma deberían tomar como propósito principal los congresistas es la de ejercer el control político con el fin de impedir que los abusos de poder y la corrupción pongan en riesgo el funcionamiento mismo del sistema democrático.
Lo cierto es que el Congreso se ha rajado en la asignatura del control político. No hay un solo campo institucional que el gobierno de Gustavo Petro haya querido destruir y que el Congreso se lo haya impedido. Si comenzamos por evaluar la política de destrucción y paralización de la Fuerzas Armadas, el control político del Congreso ha sido un fracaso. Nadie entiende, salvo por razones de corrupción o irresponsabilidad, que la Cámara de Representantes haya abortado la moción de censura contra el ministro de Defensa.
Pasó allí algo tan inconcebible como que los representantes que presentaron esta moción de censura ni siquiera cumplieron con el mínimo ético de poner la cara y de votar en el debate.
Si le hacemos el examen al sistema de salud, nadie puede decir que el Congreso cumplió con su deber en la medida en que Gustavo Petro logró su cometido de colapsar el sistema. Independientemente de que la Comisión Séptima del Senado haya hundido la reforma que los distrajo inútilmente durante más de año y medio, la realidad es que la estrategia del ‘chu-chu-chu’ fue arrasando con todo. Por eso también es impresentable que la Cámara de Representantes también haya abortado la moción de censura al ministro de Salud.
Pero lo más impresentable de todo es que el Congreso no haya cumplido con su deber constitucional de adelantar sus competencias judiciales respecto de las investigaciones abiertas al Presidente de la República, comenzando por la violación de topes. El Congreso y más precisamente los congresistas y los partidos han descargado olímpicamente su responsabilidad en los de la Comisión de Investigación y Acusación. Esto es absolutamente inaceptable, más aún cuando existen sendas sentencias de la Corte Constitucional que han reiterado que la investigación y el juzgamiento del Presidente son responsabilidad de todo el Congreso de la República. De la Cámara en pleno su investigación y del Senado en pleno su juzgamiento. De tal suerte que la Comisión de Acusación no es más que una instancia delegada para adelantar una instrucción que de ninguna manera sustituye la responsabilidad política e institucional de todo el Congreso.
Más en concreto: ¿dónde están las exigencias de los partidos políticos a sus representantes de la Comisión de Acusación, comenzando por los de oposición, para que cumplan con su deber? ¿Dónde están las voces de los representantes a la Cámara de todos los partidos, comenzando por los de oposición, para exigirle a su Comisión de Acusación que cumpla con su deber? ¿Dónde están las voces de los senadores, comenzando por los de oposición, exigiéndole a la Cámara de Representantes que adelante las investigaciones que la ciudadanía y la justicia estamos esperando?
A veces pareciera que, salvo contadas excepciones, la oposición de los políticos a Petro es de dientes para afuera.
Viviane Morales Hoyos
(Lea todas las columnas de Viviane Morales Hoyos en EL TIEMPO
aquí)