Y de los muertos, ¿qué?

Aquellos ocho muertos que ya no cuentan. Como los militares nada tuvieron (que ver) con la explosión de Dagua y sí los violentos de siempre, esos infiltrados que arman papas bomba con pólvora y balines para generar el caos que necesita la extrema izquierda, Petro y su orfeón quedaron mudos. De ser culpables los militares, aún estarían gritando al planeta que Duque es un tirano con manos ensangrentadas.

Resulta sospechoso el manto de silencio con que cubrieron la tragedia en la que murieron un blanco y siete indígenas mientras alguno de ellos manipulaba explosivos para luego atacar a la Fuerza Pública. Y es triste lo poco que importan esas lamentables pérdidas que, quieran o no itirlo, hay que englobarlas en el balance de la minga.

Porque a la hora del té, en Colombia la vida vale cero y lo que cuenta es quién ganó con un paro de tinte político que pretendía –y aún pretende– poner en jaque al Gobierno. La ministra Gutiérrez consiguió terminarlo sin caer en el sempiterno error de firmar imposibles, cuando todo apuntaba a que lo empalmarían con el nacional del 25 de abril. Ahora amenazan con nuevas revueltas en esa fecha.

Varias son las conclusiones que deja la protesta, ninguna positiva. La primera es que volvió a quedar en evidencia la jurásica infraestructura de Colombia. Basta cerrar una pinche vía de 76 kilómetros para paralizar por completo dos departamentos. Ni (qué) decir de la trocha alterna, con los barrizales habituales, una vergüenza. Y no se atisba un cambio pronto, puesto que la doble vía Santander de Quilichao- Popayán, que lleva años en veremos, será solo un parche.

En cuanto a la Cric, que itan que forzaron a muchos indígenas a participar en la minga bajo amenazas de que perderían el puesto y beneficios que dependen de los Cabildos. “Uno no se atreve a hablar si está en contra”, escuché en Mondomo, en Toribío, en Corinto.

Y es que la Cric y cabildos nasas del norte del Cauca han perdido mística y credibilidad. En los pueblos preguntan en voz baja a dónde fueron a parar los miles de millones que reciben en transferencias y proyectos, pese a ser cierto que los gobiernos anteriores incumplieron compromisos. ¿Tiene sentido, por ejemplo, comprar tierra y ganado en Caquetá y Putumayo?, comentaban. También murmuran que los líderes usan demasiados recursos en su propio beneficio y como arma de presión para tener en sus manos a los nativos. Se palpa tal malestar que aplauden la llegada de la Controlaría para escrutar contratos.

En cuanto a las tierras, la Cric debería declarar si los 75.000 millones conseguidos para comprar fincas suponen el fin de las invasiones. En Corinto ya ocuparon Hacia Arriba, después de quemar sembradíos y destrozar la casa, y en Santander de Quilichao comprobé la tala de 45 palos de mango en otra hacienda productiva, solo para fastidiar.

Es evidente que con dichos fondos no conseguirán las tierras que desean porque pocos propietarios quieren vender, y menos por 11 millones/hectárea –lo máximo que el Estado paga–, cuando el valor comercial ronda los 40/50 millones. Si la ministra asegura que no expropiarán, ¿cómo harán?

Otra cuestión compleja es la de la siembra y el tráfico de marihuana, con Tacueyó como epicentro. Varios gobernadores indígenas rechazan esa economía ilícita que se les salió de las manos y les resta autoridad. No solo impregna de cultura narca la zona, lo que supone suplantar sus valores ancestrales. También genera tensiones internas, muertos y amenazas a dirigentes por oponerse a los cultivos. Sin olvidar que por ese negocio y el infortunio de quedar en un corredor del narcotráfico, entre otros factores, el norte del Cauca ahora sufre al Eln, Epl y disidencias del sexto frente de las Farc, cada día más fuertes. (Y falta mucho por analizar).

P. D. Pregunta a la JEP: ¿Investigarán la ‘farolítica’ y las acusaciones de Vitonás contra Feliciano Valencia? Es un testigo que quieren matar.