¡Aborto libre ya!

Construir política pública únicamente a punta de convicciones religiosas y moralizantes no es recomendable. Cuando la política pública es solo una declaración de creencias de los políticos o los jueces, termina causando daño. Los dos casos más claros de este fenómeno son la criminalización del consumo de drogas y la del aborto. Una política así es un remedio que resulta peor que la enfermedad (el consumo de drogas, los embarazos no deseados y los abortos inseguros).

Observen lo que sucede en el caso particular de la criminalización del aborto. En el 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto por tres causas concretas: cuando existe riesgo para la vida o la salud de las mujeres, cuando el embarazo resulta de una violación y cuando hay malformación del feto. Sin embargo, abortar en otras circunstancias sigue siendo un delito en Colombia y, según la Fiscalía, entre 2009 y 2019 se ha presentado un promedio anual de 410 denuncias por el delito de aborto, más de una denuncia por día. Esto significa que la criminalización de la práctica, a diferencia de lo que piensan muchos, no impide que las mujeres aborten y más bien la ilegalidad las somete a formas altamente riesgosas de interrumpir sus embarazos.

La prohibición no sirve para contener el número de abortos y desplaza la atención de medidas más eficientes y seguras para las mujeres, como la misma disponibilidad de métodos anticonceptivos. Además, obliga a las mujeres en situación de necesidad a hacer uso de métodos que implican un alto riesgo de muerte o lesión. Y, como siempre, las mujeres en situación de mayor necesidad, y por tanto de mayor riesgo, son las de menos ingresos: ellas no tienen a servicios de salud reproductiva y enfrentan más obstáculos a la hora de conseguir y hacer uso de métodos anticonceptivos.

Incluso en los casos en los que el aborto es permitido, las trabas y exigencias arbitrarias de requisitos terminan limitando enormemente el ejercicio de este derecho. Dejusticia ha documentado cómo el demostrar que el embarazo fue en efecto resultado de una violación, la presentación de certificados médicos que den constancia sobre el riesgo para la salud física de la madre o la solicitud de autorización de familiares, abogados o médicos para realizarse el aborto son todas prácticas que no permiten que se garantice el derecho al aborto en los casos contemplados por la ley.

De esta forma, la única salida a este problema debe ser otorgarles a las mujeres la capacidad de decidir libremente sobre su maternidad, y es la Corte Constitucional la institución que tiene la responsabilidad histórica de ayudarnos a avanzar en ese sentido. Como lo reclama la campaña #14porColombia, las mujeres debemos contar con la libertad de interrumpir nuestros embarazos durante las 14 primeras semanas de gestación. El 93 % de las mujeres que solicitan un aborto lo hacen al cumplir las 15 semanas, y médicamente este lapso corresponde al primer trimestre de gestación. Además, hasta las 10 semanas se puede hacer uso de medicamentos en casa y de esta forma disminuir los costos y aumentar la accesibilidad, todo lo cual redunda en la salud de las mujeres.

En Colombia, 70 mujeres mueren al año por abortos mal practicados. Anualmente, 400.412 mujeres y niñas se someten a un aborto inducido, y un tercio de ellas sufren de algún tipo de complicación. Las mujeres no abortan por gusto, sino por necesidad. La interrupción del embarazo es siempre un último recurso y es preciso mejorar la educación sexual y el uso de métodos anticonceptivos para evitar llegar a ese punto. Pero si todos los mecanismos de prevención fallan, no podemos arrebatarles a las mujeres la capacidad de decidir sobre sus cuerpos e imponerles la maternidad casi como castigo.

Sandra Borda G.