Pensiones y rentas vitalicias

La práctica de varios gobiernos bajo tensión financiera ha sido la de apropiarse de ahorros que el sector privado ha venido construyendo diligentemente. Así ocurrió en la Argentina de los Kirchner al apropiarse, en 2008, de la totalidad del ahorro pensional privado (14 % del PIB) para hacerse con la caja e impulsar el gasto público.

Con ello se daba la falsa sensación de que no se requeriría ni elevar la tributación ni repagarlas, limitándose a anotarlas como “cuentas por pagar”. Ello ocurrió no obstante tenerse en Argentina una cobertura pensional del 40 % y retornos netos de inflación–comisiones de un satisfactorio 7 % real–anual en dichos portafolios.

En Perú también se había drenado el ahorro pensional privado, desde 2016, al permitir retiros hasta del 25 % y, bajo pandemia, ello se ha generalizado. Allí están amenazados recursos por el 21 % del PIB. Hasta Chile acaba de aprobar el drenaje del ahorro privado en 10 % con fines de corto plazo (7 % del PIB). Recordemos que buena parte de la infraestructura chilena provino de ese 70 % del PIB de ahorros de las AFP.

Así, América Latina ha venido autoderrotándose en materia de ahorro productivo, al tiempo que persiste la informalidad laboral del 50 %. ¿Qué nos deparará el futuro en materia pensional si se drenan los ahorros del sector privado? ¿Acaso queremos replicar el fracaso de sistemas públicos que nunca ahorraron y donde se pretende seguir otorgando subsidios regresivos a favor de los más pudientes?

Las cifras pensionales de Colombia hablan por sí solas: mientras el ahorro pensional privado alcanza el 24 % del PIB y no recurre a dineros presupuestales, el sistema público agotó sus reservas en 2003 y gasta 5,2 % del PIB por año (incluyendo aquí los aportes anuales a Colpensiones por 1,2 % del PIB). Es incontrovertible la buena tarea que han realizado las AFP al constarse los montos de ahorro señalados y un retorno histórico del 8% real-anual para los sus afiliados (netos de inflación-comisiones); sin embargo, prevalece el gran problema de baja cobertura de solo 25 %, el cual es atribuible al problema del “impuesto-puro” generado con sobrecostos del 50 % sobre la nómina.

En Colombia las amenazas de drenaje del ahorro privado se han manifestado en intentos de “traslados exprés” desde las AFP hacia Colpensiones, en busca de esos subsidios regresivos. En 2018, el Congreso los había introducido en el Plan Nacional y, en marzo del 2020, volvieron a aparecer en decretos de emergencia, pero afortunadamente la Corte los declaró inexequibles. Ahora han reaparecido por iniciativa parlamentaria.

Ahora bien, es fundamental garantizar un mercado de rentas vitalicias, especialmente las de 1 s. m. l. El fondo de garantías de las AFP tiene disponibilidad inmediata de $ 24 billones (2 % del PIB) para complementar los faltantes de a dichas rentas vitalicias. De hacerlo, podrían añadirse 500.000 pensionados y elevar la cobertura del 25 al 35 % de la PEA.

Aquí lo que se requiere es voluntad política para dejar de devolver dineros pensionales que han dilapidado 2 millones de personas y, más bien, proceder a garantizar una renta vitalicia mínima. Se usarían esos recursos del fondo-AFP y apoyo de Estatal de Seguros-Positiva en ausencia de participación de aseguradoras privadas. Con razón estas últimas vienen aduciendo inseguridad jurídica por amañadas extensiones del periodo de disfrute.

Una forma de evitar estas artimañas jurídicas es iniciar la expedición de rentas vitalicias bajo la modalidad no heredable, lo cual evitaría la aparición de emergentes compañeros/as que las vuelven inviables. Este esquema acotado ayudaría también en la problemática de los “retiros programados” que terminan en la búsqueda de rentas vitalicias, dado el problema secular global de descenso en los retornos reales de todos los portafolios.

SERGIO CLAVIJO