De Newsom a McConnell, y a Amlo

En nombre del estado de California, el gobernador Gavin Newsom se disculpó el martes de la semana pasada por la historia de “violencia, maltrato y negligencia” en contra de los pueblos indígenas.

“Lo sucedido en California, principalmente en el siglo XIX –dijo Newsom–, fue un genocidio. No hay otra forma de describirlo, y así es como debe ser descrito en los libros de historia”. Entre los testimonios que citó para reforzar su argumento incluyó el del primer gobernador del estado, Peter Burnett, quien en 1851 anunció que “la guerra contra los indígenas continuará hasta que la raza india se extinga”. Y a punto estuvo de lograrlo: entre 1846 y 1873, la población indígena bajó de 150.000 a 30.000.

El acto de contrición de Newsom de inmediato tuvo eco en la ciudad de Los Ángeles, donde un grupo de activistas exigió a las autoridades que también se disculpen en nombre de la ciudad por sus abusos históricos. Como ejemplo de la explotación y el maltrato de la población indígena, los activistas mencionaron los contratos leoninos con los que los blancos obligaban a los indígenas a trabajar para ellos gratuitamente por períodos de tiempo indeterminados.

La disculpa de Newsom ha sido bien recibida entre las comunidades indígenas, aunque no han faltado voces como la de la congresista por Nuevo México Debra Haaland que aprecian el gesto pero nos recuerdan que el genocidio fue uno de los principios fundacionales del país.

Un recordatorio que debe ser inscrito en el contexto del movimiento que hoy exige no solo dar disculpas a grupos étnicos y raciales explotados, sino reparaciones económicas a los descendientes de esclavos y otras víctimas de injusticias en Estados Unidos.

Por lo pronto, un subcomité judicial de la Cámara de Representantes ha creado una comisión para estudiar el tema. Aunque hay algunos, como el líder del Senado Mitch McConnell, que han intentado escabullir responsabilidades aduciendo que no tienen por qué pagar por lo sucedido hace 150 años. Un subterfugio rebatido por el escritor Ta-Nehisi Coates al refutarle, desde el piso del Senado, que el gobierno federal sigue pagándoles pensiones mensuales a parientes de soldados muertos en la Guerra Civil. Se sabe, por ejemplo, que entre estos pensionados está la anciana hija de un soldado del esclavista ejército confederado.

Es evidente que el asunto es extremadamente complejo. En 1965, por ejemplo, el presidente Lyndon Johnson elaboró planes para procurar la igualdad racial con programas como el de Acción Afirmativa y otros. Pero la idea de la reparación económica no prosperó, entre varias razones porque otros grupos agraviados por la discriminación –indígenas esclavizados, hispanos segregados, japoneses americanos internados en campos de concentración, chinos americanos victimizados– exigieron su inclusión.

En pocas palabras, ¿quiénes deberían ser compensados? ¿Todos o solamente los pobres dentro de cada grupo? ¿Cuánto deberían recibir? ¿Qué efectos tendría esta compensación en la economía del país?

Hace poco, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, despertó una encendida polémica al pedirle al rey de España una disculpa a “los pueblos originarios” por la conquista de México de 1519. Aparte de que esta visión ramplona del nacionalismo mexicano niega el legado español a México, exime de responsabilidad en la Conquista a “pueblos originarios” que colaboraron con los españoles en contra del pueblo originario que los esclavizaba.

Si vamos a revisar la historia, habría que hablar de responsabilidad compartida y, sobre todo, reconocer que el México actual, como escribe el historiador mexicano Héctor Aguilar Camín, hace tiempo que se decantó por la castellanización y se confirmó como hispanohablante.

SERGIO MUÑOZ BATA